Los deseos del rey emérito de regresar a España son grandes. Desde que abandonó el país el pasado 3 de agosto rumbo a Dubái (Emiratos Árabes Unidos), solo ha recibido la visita de la infanta Elena. Juan Carlos I quiere volver a España en esta Navidad.
Nada legalmente le impedía hacerlo, pero el rey emérito ha preferido mantenerse alejado de territorio español durante estos últimos cuatro meses.
Es cierto que algunas actividades suyas antes y después de su abdicación son objeto de investigación, lo que le pone en una situación incómoda. Más aun cayendo la que está cayendo en España económica y socialmente y con un clima político especialmente árido.
Este miércoles, como había anunciado, el rey emérito presentó a la Agencia Tributaria una declaración complementaria y pagó 678.393,72 euros. Esta cantidad, según explica su abogado Javier Pérez-Junco en un comunicado, regulariza la situación fiscal de Juan Carlos I con el fisco español.
Incluiría los intereses y recargos de la deuda tributaria que mantenía por el uso de tarjetas opacas con fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Dichas tarjetas las habrían utilizado él y algunos miembros de la Familia Real, incluida la reina Sofía.
Además, el bufete confirma que el rey Juan Carlos continúa “como siempre a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportuno”.
Dos investigaciones más por actuaciones del rey emérito
Así las cosas, el comunicado hace referencia expresa a que la declaración complementaria se ha hecho sin que hubiera requerimiento previo. Es decir, Hacienda no había abierto expediente alguno a ese respecto.
Al margen quedan otras dos investigaciones abiertas por la Fiscalía del Tribunal Supremo, Corte competente porque el rey emérito es aforado. Una de ellas, que previsiblemente se archivará, se refiere a unas posibles comisiones derivadas de la adjudicación del AVE a La Meca.
La otra, unos supuestos fondos, que podrían elevarse a 10 millones de euros, que el rey Juan Carlos tendría depositados en una cuenta activa en la isla de Jersey, considerada paraíso fiscal. La Fiscalía investiga si el monarca ha intentado movilizar esos fondos posteriormente a su abdicación en 2014. Podría suponer un delito de blanqueo de capitales.