Sigue su curso la investigación que lleva a cabo la Fiscalía del Tribunal Supremo por el supuesto uso de tarjetas opacas por parte de Juan Carlos I y parte de su familia, la reina Sofía incluida.
En cambio, el rey emérito trata de cerrarla mediante una regularización fiscal presentada ante la Agencia Tributaria. Su abogado, Javier Sánchez-Junco, ha enviado a Hacienda un documento que ahora se está analizando.
Si se acepta, la cuestión se saldaría con el pago de las cantidades defraudadas y una multa. Una sanción casi simbólica hablando de las cifras de las que hablamos.
En 2019, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación tras detectar el uso que unas tarjetas opacas. Ahora, trata de constatar si los gastos efectuados con dichas tarjetas superaron los 275.000 euros en un solo ejercicio entre 2016 y 2018.
De ser así, supondrían pagos a Hacienda por valor de 120.000 euros anuales. Esta es la cantidad supuestamente defraudada a partir de la cual se abren investigaciones penales.
Hasta su abdicación, no se podía investigar a Juan Carlos I
La inviolabilidad de Juan Carlos I por presuntos delitos anteriores a 2014 impide que se investigue al anterior jefe del Estado. Sin embargo, los posibles delitos fiscales que se investigan se habrían producido posteriormente a su abdicación.
A tal efecto, ya sea interrogado a Allen Sanginés-Krause, el millonario mexicano del que procedería el dinero gastado con esas tarjetas. También, a Nicolás Murga Mendoza, teniente coronel ya retirado que fue ayudante de campo del rey Juan Carlos. Éste habría actuado como vehículo para utilizar ese dinero.
Por tanto, la regularización fiscal que ha presentado el rey emérito se ciñe a esas cantidades. No a ninguna otra causa, como los posibles bienes millonarios en el extranjero o una supuesta comisión por el AVE a La Meca. Estas últimas siguen otras líneas de investigación.
De aceptarse la regularización propuesta, se rebajaría la expectativa del riesgo judicial al que se podría enfrentar Juan Carlos I. De hecho, la Fiscalía del Tribunal Supremo –el rey emérito está aforado en esa Corte— ha concluido que los hechos vinculados con el dinero procedente de Arabia Saudí serían supuestos delitos amparados por la inviolabilidad del jefe del Estado en su momento.
Se prevé que la Fiscalía archive la causa
Así las cosas, la Fiscalía se encuentra ultimando una propuesta de archivo detallando exhaustivamente las irregularidades cometidas entonces. Si bien penalmente no se podría ir más allá, es previsible que el documento del Ministerio Público contenga una fuerte recriminación al monarca.
Por otro lado, poco después de conocerse la investigación abierta por Anticorrupción sobre las tarjetas opacas, Dolores Delgado, fiscal General del Estado, desveló una tercera vía de investigación sobre el rey Juan Carlos.
Ésta consiste en esclarecer la existencia de sociedades a nombre de Juan Carlos I radicadas en el paraíso fiscal de Jersey. Asimismo, una cuenta donde se custodiarían varios millones de euros.
Podría constituir un delito de blanqueo de capitales si se demuestra que hubo movimientos de dinero posteriormente a la abdicación del monarca. Estas pesquisas son pieza clave para que, si procede, esta tercera vía termine en una investigación en el Supremo. Todo ello con independencia del origen de los fondos, que podrían remontarse a 2005.