Nuevos datos de Francia han llevado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama a reabrir la investigación sobre el supuesto espionaje con el programa Pegasus.
Un software israelí con el que se infectaron los móviles de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y de varios ministros.
Durante casi un año, el magistrado investigó la infección en cinco ocasiones –entre 2020 y 2021- del dispositivo móvil del jefe del Ejecutivo usando Pegasus.
También los móviles de Margarita Robles, ministra de Defensa, Fernando Grande-Marlaska, titular de Interior, y Luis Planas, de Agricultura.
Sin embargo, la “absoluta” falta de cooperación jurídica de Israel provocó el archivo del caso.
En cambio, Calama ha recibido una Orden Europea de Investigación (OEI) por parte de Francia, incorporando una causa de múltiples infecciones con Pegasus durante 2021.
Un espionaje que afectó en el país vecinos a periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales. También a algunos miembros del Gobierno francés y diputados.
Ahora, considera el juez, si se compara esta información con los análisis del Centro Criptológico Nacional, se podría avanzar en las pesquisas.
Así, la investigación francesa concluyó que cada servicio que utilizaba este software creaba una infraestructura para infectar varios números.
“Es posible establecer comparaciones entre las pistas encontradas en los distintos teléfonos infestados para identificar una única fuente de infestación”, señala en su auto el magistrado.
Además de reabrir el caso, Calama ha ordenado al Centro Criptológico un informe para comprar los análisis técnicos del lado francés y del lado español. El principal objetivo es descubrir la autoría de estos ataques de espionaje.
De esta forma, el juez cree que podrá realizar un intercambio más amplio de información con Francia. Busca saber el contenido de la información que el fabricante, NSO Group, facilitó sobre el control interno del software.
Al mismo tiempo, mayores detalles de las pesquisas de la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas de Información.
De ese modo, se podrá intensificar la “actuación conjunta y coordinada de las autoridades judiciales francesas y españolas en orden a determinar la autoría”.