Rodrigo Rato vuelve al banquillo de los acusados después de que el juez instructor haya decidido procesarlo por los delitos de corrupción entre particulares, fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Además, le impone una fianza de 65 millones de euros para afrontar las posibles condenas. En cambio, rechazó la petición de la Fiscalía Anticorrupción para imputarle por los delitos de falsedad continuada e insolvencia punible.
El pasado marzo, el magistrado Antonio Serrano-Arnal dio por concluida la investigación. A partir de ahí, la Fiscalía presentó su informe de acusación. Ahora que Rato vuelve al banquillo se enfrenta a una petición del Ministerio Público de más de 60 años de cárcel.
Se trataría de la suma de entre cuatro y seis años por cada uno de los once delitos contra la Hacienda Pública que le atribuye. Además, seis años por blanqueo y otros cuatro por corrupción.
Lo que el juez ha rechazado es la petición de cuatro años de prisión por insolvencia punible y tres por falsedad. El magistrado sostiene que la investigación de la Fiscalía no fue en esa dirección durante la instrucción.
De hecho, Serrano-Arnal se centra en cuestiones que tienen que ver con la actividad del también ex vicepresidente del Gobierno como máximo responsable de Bankia.
Sospecha que Rato cobró comisiones por la adjudicación de campañas de publicidad. Tal es así que a Zenith Media y Publicis, las dos empresas de publicidad imputadas, les reclama una fianza de 2,1 millones de euros, respectivamente.
Así las cosas, respecto a los delitos rechazados, el juez señala que “se trata, por tanto, de evitar acusaciones sorpresivas que introduzcan en el procedimiento hechos no sometidos a contradicción, causando con ello una efectiva indefensión material de los acusados”.