La nueva plusvalía supondrá un impacto económico y presupuestario desconocido que el Ministerio de Hacienda renuncia por ahora a calcular.
El Gobierno aprobó la semana pasada el nuevo modo para calcular el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Con ello trata de que la nueva plusvalía se adapte a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el modo de calcularla hasta ahora.
Este impuesto resulta crucial para la financiación de los Ayuntamientos y de ahí la premura con la que se elaboró el Real Decreto-ley. Además, la nueva fórmula no es retroactiva, por los que las entidades locales han podido dejar de recaudar millones de euros en este concepto.
Sin embargo, el departamento que dirige María Jesús Montero ve “impredecible” el número de hechos imponibles ni el periodo de generación de la plusvalía gravable.
Así consta en la memoria de impactos que acompaña al decreto. “No puede ser calculado” dicho impacto, señala el documento.
La nueva plusvalía dependen de varios factores aún desconocidos
Apunta a que “influyen tanto la dinámica inmobiliaria del mercado de compraventas y su previsible evolución”. Éste, argumentan, “es variable en función del territorio y circunstancias coyunturales, como otras variables aún menos cuantificables”.
Entre esas variables, la “voluntad de realización de donaciones o la esperanza de vida vinculada a las transmisiones por sucesión”, pormenorizan.
Asimismo, indican, que es impredecible “no solo el número de hechos imponibles”, sino también “el período de generación de la plusvalía gravable”.
Argumentan desde Hacienda que es un factor que “condiciona definitivamente el coeficiente aplicable para la determinación de la base imponible”, según el propio decreto.
A su vez, condiciona el cálculo la nueva regla por la que no tributa una plusvalía contraria al principio de capacidad económica Es el caso de que resulte negativa la diferencia entre el precio de adquisición y el de la venta.
“Impide que las previsiones de impacto puedan basarse en la regla objetiva del decreto ley y hace inviable estimar estos incrementos que efectivamente se puedan producir”, apostillan.
Además, los Ayuntamientos deben, antes de aplicar el cálculo de la nueva plusvalía establecer los tipos impositivos y coeficientes. Para ello disponen de un plazo máximo de seis meses.
Por tanto, para Hacienda se trata de un nuevo factor que le imposibilita estimar el impacto recaudatorio o económico de la reforma del tributo.