Con el registro, este miércoles, de una proposición de ley para reformar el Reglamento del Congreso, el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja está más cerca.
PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG registraron la propuesta para poder emplear las lenguas cooficiales en todos los debates del Congreso. También, en la presentación de iniciativas.
En concreto, no se menciona expresamente el catalán, el euskera y el gallego. La proposición aboga por permitir el uso de “cualquiera de las lenguas que tengan carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y el correspondiente Estatuto de Autonomía”.
De este modo, abre la puerta a emplear el aranés, además de evitar la polémica acerca de la denominación de catalán o valenciano.
Los partidos firmantes, entre los que no está Junts, han pedido la tramitación por el procedimiento de urgencia y que se debata “en lectura única”.
Así, se acortan los plazos y no se pasa por la Comisión del Reglamento, que no se ha constituido todavía.
Con ello pretenden que la reforma entre en vigor antes del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. Esto es, el 26 y 27 de setiembre.
Asimismo, las formaciones proponentes, que sumarían mayoría absoluta, plantean un Pleno en la semana del 19 al 21 de setiembre. A su vez, pretenden que la reforma entre en vigor con carácter inmediato.
Personal y recursos para traducir las lenguas cooficiales
Para todo ello, el Congreso dispondrá de los medios personales y materiales precisos. Esto incluye los servicios de traducción e interpretación de todas las lenguas cooficiales.
Además, se mandata a la Mesa del Congreso para que fije los procedimientos y los medios necesarios, una vez oída la Junta de Portavoces.
Por otro lado, aunque la propuesta no lo precisa, la idea inicial es que se contrate ya traductores cara al debate de investidura de Feijóo.
Al mismo tiempo, se tendrá que repartir cascos para que los diputados y taquígrafos puedan seguir las intervenciones en estas lenguas.
A falta de que, posteriormente, se convoque un concurso público para la nueva plantilla de traductores, para pagar a estos primeros se podría emplear el fondo de remanentes de que dispone la Cámara Baja.
Según los últimos datos, que datan del cierre de 2021, el importe de ese fondo era, a 31 de marzo de 2022, de 108,24 millones de euros.
Dicho esto, lo que sí se retrasa es el uso en estas lenguas a la hora de presentar textos escritos. Se establece, para ello, un periodo de como máximo seis meses para adaptar los servicios del Congreso.
Entretanto, los grupos deberán presentarlos, además de en su propia lengua, en castellano.
Eso sí, el Diario de Sesiones recogerá las intervenciones en ambos idiomas, así como las actas taquigráficas que se declaren secretas y no publicables.
Del mismo modo, el Boletín de las Cortes publicará las iniciativas escritas en ambas lenguas, la empleada y en castellano.
Un compromiso de Armengol
El origen de esta iniciativa parte del compromiso que Francina Armengol, presidente de la Mesa, adquirió para resultar elegida en el cargo.
Además, formaba parte de los acuerdos de PSOE, Sumar, ERC y Junts para lograr una mayoría progresista en el órgano de gobierno de la Cámara.
Tras ello, la propia Armengol admitió que había ciertas “complejidades” técnicas para su implementación.
Aparte de ello, algunos letrados del Congreso han advertido de que generalizar el uso de las lenguas cooficiales podría provocar carencias en el procedimiento parlamentario.
Al mismo tiempo, podría generar indefensión en aquellos diputados que no conocen dichas lenguas.
Por último, los firmantes de la proposición aprovechan para cambiar el género masculino en los artículos a los que afecta la reforma.
De este modo, ya no se hablará de “los diputados”, sino de “los diputados y las diputadas”. Asimismo, se añade una Disposición Adicional para que “en el plazo más breve posible” se lleve a cabo una “revisión” del Reglamento. El objetivo es “adecuarlo al lenguaje inclusivo de género”.