Este viernes, Francina Armengol, presidente del Congreso, ha admitido que “tiene sus complejidades”, en cuanto a medios, el uso de las lenguas cooficiales.
Asimismo, ha asegurado que estudiará las “posibilidades técnicas” que tiene la Cámara Baja, pero que el objetivo es que las lenguas cooficiales puedan usarse “lo más rápido posible”. “Es mi compromiso”, apostilló.
Así, en declaraciones a la Cadena Ser, explicó que tienen que “ver las posibilidades técnicas y la realidad de lo que tenemos en la Cámara”.
Respondía de este modo a la pregunta de si se introducirían pinganillos para las traducciones.
Preguntada por si será posible para la investidura, Armengol ha señalado que es “apresurado” anticipar un calendario y los medios a emplear. En todo caso, garantizó que trabajará “intensa y rápidamente” para ello.
Asimismo, detalló que tiene que hablar con “todos los grupos”, además de con los servicios técnicos del Congreso.
Buscará un “consenso” para “cumplir ese objetivo lo más rápido posible con la eficiencia técnica que supone”.
Cabe recordar que una de las condiciones de ERC y Junts para apoyar su elección a la Presidencia de la Cámara Baja era el uso del catalán, el euskera y el gallego. Nada más resultar elegida, se comprometió a ello.
Por otro lado, el Gobierno consultó a la Abogacía del Estado antes de que José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores en funciones, enviara una carta a la Presidencia del Consejo de la Unión Europea solicitando que las lenguas cooficiales en España, además del castellano, pasen a serlo también del bloque comunitario.
Precisamente, España ostenta la Presidencia estos próximos meses de este organismo. La misiva también se envió a Thérèse Blanchet, secretaria general del mismo.
Así, la Abogacía del Estado dio una respuesta favorable al considerar que no supone “una extralimitación en los cometidos atribuidos al Gobierno en funciones”.
Además, Albares también ha confirmado que no representa “ninguna anomalía” que el Gobierno se haya hecho a sí mismo la solicitud.
De hecho, se consultó tanto a los servicios jurídicos del Consejo como de la Comisión Europea.