Ante la “insostenible” situación del Consejo general del Poder Judicial (CGPJ), la vocal progresista Concepción Sáez ha presentado su dimisión.
Así se lo ha trasladado al presidente interino del órgano de gobierno de los jueces Rafael Mozo, quien todavía no la ha aceptado.
Según fuentes del CGPJ, “está considerando la aceptación de la renuncia, tal y como establece el artículo 582.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.
Dicho artículo estable que “Los Vocales sólo cesarán en sus cargos por el transcurso de los cinco años para los que fueron nombrados, así como por renuncia aceptada por el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, o por incapacidad, incompatibilidad o incumplimiento grave de los deberes del cargo, apreciadas por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial mediante mayoría de tres quintos”. El próximo Pleno se celebrará el 30 de marzo.
Sáez accedió al cargo a propuesta de Izquierda Unida y llevaba varios meses barajando la posibilidad de dimitir. Incluso había advertido a algunos de sus colegas de que no llegaría al verano.
Así, la vocal progresista señala en su carta la “degradación” a la que ha llegado el CGPJ. No sólo por su interinidad, puesto que lleva más de cuatro años caducado, sino por la “incapacidad” para tomar decisiones que son de su competencia.
Si el presidente del órgano de gobierno de los jueces acepta la dimisión de Sáez, el CGPJ se quedará con sólo 17 vocales.
Con todo, la situación puede ir a peor, ya que Mozo se jubilará en verano, provocando una nueva sucesión interina en la presidencia.
Desde que se conformó el actual Consejo, el 4 de diciembre de 2013, sólo quedan en el cargo 18 de los 20 con los que comenzó.
Rafael Fernández Valverde se jubiló y Victoria Cinto falleció. A ello se une la dimisión de Carlos Lesmes en octubre, apenas iniciado el curso.
Con tanto tiempo de interinidad, las tensiones entre el bloque progresista (8 vocales) y el conservador (10) se han intensificado.
Un desencuentro que se escenificó notablemente por su incapacidad para alcanzar un acuerdo para designar a sus candidatos para renovar el Tribunal Constitucional (TC).
Finalmente, en una inesperada maniobra, el sector progresista votó a los dos candidatos que propusieron los conservadores y se desbloqueó la renovación del TC.