Después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombrara a sus dos candidatos al Tribunal Constitucional (TC), este jueves arrancó el proceso de renovación.
Los cuatro magistrados propuestos para sustituir a sus colegas en la Corte de garantías con el mandato caducado han pasado la primera fase.
Es decir, confirmar su idoneidad. Era preceptivo comprobar que Juan Carlos Campo, Laura Díez, César Tolosa y María Luisa Segoviano cumplían los requisitos que establece la ley.
Por tanto, que son españoles, con la carrera de juez, fiscal, abogado profesor universitario o funcionarios públicos, reconocido prestigio y 15 años de ejercicio profesional.
Asimismo, ahora corresponde que juren o prometan su cargo ante el rey Felipe VI. Lo harán este sábado, 31 de diciembre.
Cumplido este trámite, tomarán posesión de sus cargos el próximo 9 de enero en la sede del Tribunal Constitucional
Por último, en un Pleno, previsiblemente al día siguiente, elegirán al magistrado o magistrada que ocupará la presidencia del TC.
En ese sentido, se prevén dos candidatos. De un lado, el ex fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido y, de otro, la catedrática de Derecho Constitucional, María Luisa Balaguer. Ambos forman parte de la corriente progresista de la Corte de garantías.
Sea como fuere, las mayorías cambian. Hasta ahora, el ala conservadora superaba, con seis magistrados, al sector progresista, con cinco.
Con la elección de Campo y Díez, por parte del Gobierno, y de Tolosa y Segoviano, por parte del CGPJ, la mayoría se inclina hacia el ala progresista.
A partir del próximo 9 de enero será de 7 sobre 4. Cabe recordar que la magistrada Segoviano iba en una de las listas anteriores que propuso la parte progresista.
Por tanto, aunque la ha designado el órgano de gobierno de los jueces, de mayoría conservadora, se la considera progresista.
Así, esa mayoría progresista se mantendrá hasta, al menos, marzo de 2026, cuando expiran los mandatos de Conde-Pumpido, Balaguer y Ricardo Enríquez. Todo ello si no se repite otro bochornoso episodio como el vivido recientemente.
En todo caso, llega a su fin una de las polémicas más intensas de los últimos meses, con choque institucional incluido. Ya sólo queda renovar el CGPJ, caducado hace cuatro años.