La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha pedido a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que cumplan la Constitución y renueven sus dos candidatos para el Tribunal Constitucional (TC). De esta forma, se evitará que haya que reformar la ley.
Así lo ha trasladado Edmundo Rodríguez Achútegui, integrante del Secretariado de esta asociación profesional de magistrados.
“Cumplan la ley y procedan inmediatamente a nombrar a dos juristas capaces para formar parte del mismo, evitando de ese modo que haya que cambiar las normas para volver a exigírselo”, ha señalado.
“Defender la Constitución supone garantizar que su máximo garante, el Tribunal Constitucional, pueda trabajar de forma plena, con todos sus componentes”, ha explicado.
JJpD critica en un comunicado “el boicot a que se somete la designación de dos magistraturas, que supone un claro desacato a la ley que obligaba a su nombramiento hace más de tres meses”.
Pide que los vocales autores de ese bloqueo “eviten el nuevo bochorno de que haya que reformar otra vez una norma para que la cumplan”.
Asimismo, considera que la reforma propuesta “es consecuencia directa de la actitud obstructiva de los vocales del CGPJ”.
Unos miembros del órgano de gobierno de los jueces que excusan, dilatan y vetan un proceso sencillo. Según la asociación profesional, esos vocales hacen “seguidismo” de las “directrices del Partido Popular”.
Además, censuran que el PP haya “secuestrado instituciones constitucionales fundamentales por interés partidista”.
Por otro lado, el representante de JJpD apuntó que “todos deben cumplir la ley, incluso los vocales del CGPJ”. Aludía a la posibilidad de imputarles responsabilidades.
Los vocales del CGPJ “no gozan de inmunidad”
Los miembros del CGPJ, aclaró, “no gozan de inmunidad como los parlamentarios y deben responder del incumplimiento de sus deberes”.
En ese sentido, agregó que “todo el relato de que se asaltan las instituciones es un eslogan que no se sostiene jurídicamente”.
Y explica que “el artículo 159 de la Constitución dispone claramente que el gobierno debe designar dos magistrados al Tribunal Constitucional”.
De este modo, “pretender que se actúa irregularmente es una afirmación falaz”. “Esconde la voluntad de controlar perpetuamente instituciones que el ordenamiento jurídico ordena renovar periódicamente”, sostiene.
“Defender la Constitución, ahora mismo, obliga a adoptar medidas que aseguren que las instituciones no seguirán secuestradas”, ahondó.
A juicio de Achútegui, “después de cuatro años de excusas para renovar el CGPJ, se ha llevado a la misma dinámica para evitar la renovación de un órgano fundamental para garantizar los derechos fundamentales”.
Renovar el TC es prioritario para la democracia
Por tanto, “la renovación del Tribunal Constitucional constituye una prioridad para los demócratas, frente a quienes han sucumbido a las presiones partidistas para que no tenga lugar”.
De otra parte, también se refirió a la necesidad de que los candidatos reciban la aprobación de los demás miembros del TC.
Así, afirmó que se trata de “requisito inocuo, que puede suprimirse”. “Quienes han cesado en su mandato ni pueden ni deben impedir la incorporación de quienes lo comienzan”, aseguró.
Dicho esto, añadió que “es inconcebible que juristas prestigiosos puedan prestarse a maquinaciones para impedir la renovación del Tribunal Constitucional”. En consecuencia, la reforma de la ley “simplemente modificaría una exigencia formal y superada”.
Por último, mostró la opinión de la asociación respecto a la posibilidad de que la renovación sea sólo parcial. Es decir, con los candidatos que ha propuesto el Gobierno.
“Es una situación extraordinaria, que obligaría a aceptar esa renovación parcial”, indican. “El constituyente nunca pudo suponer que desde un órgano constitucional como el CGPJ se mantuviera una posición claramente inconstitucional”, explica.
Alude, así, al rechazo a “designar a dos juristas de reconocida competencia para completar el Tribunal Constitucional”.