Los partidos que forman el Gobierno de coalición han pactado incrementar las penas a los empresarios que incumplan reiteradamente los derechos laborales.
Igualmente, si de forma habitual cambien o eliminen las condiciones de trabajo acordadas en contratos o convenios.
Las condenas que prevé la propuesta podrían elevarse hasta los seis años de prisión.
Así, PSOE y Unidas Podemos han incorporado una enmienda al proyecto de ley que suprimirá el delito de sedición.
De este modo, se incluirá un nuevo apartado en el artículo 311 del Código Penal, el que fija los supuestos de delito contra los derechos laborales.
Más en concreto, un primer punto establece penas que van de seis meses a seis años de cárcel. Asimismo, una multa de seis a doce meses.
En este caso, a quienes “mediante engaño o abuso de situación de necesidad” impongan a sus trabajadores “condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual”, reza el texto.
Igualmente, a quien “imponga condiciones ilegales a sus trabajadores”. Esto es “mediante una contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo”. También, a aquel que “las mantenga en contra de requerimiento o sanción administrativa”.
Esta enmienda responde a lo que ya avanzó Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidente segunda.
Entonces, señaló que trabajaban con Justicia y la Fiscalía con el fin de modificar delitos en materia laboral. Todo ello persiguiendo depurar responsabilidades penales en los tribunales.
“La defensa de los derechos laborales en casos flagrantes de injusticia estará garantizada por el Código Penal”, escribió este viernes en redes sociales.
Además, posteriormente, indicó que su Ministerio se esfuerza en “ensanchar” los derechos laborales en un sentido “absolutamente transversal”.
Así, el resultado es esta enmienda dirigida a sancionar comportamientos que “invaden el ámbito penal”.
Precisamente, remarcó que llevaban “muchísimos años” sin repensarse los tipos penales en materia laboral. No abordan adecuadamente, dijo, las actuales relaciones laborales, que, además, son complejas.
“No va a haber ninguna empresa que quede fuera de la ley por muy importante que sea o por muchos beneficios económicos que tenga”, recalcó.