Continúa el desafío de Isabel Díaz Ayuso, la presidente de la Comunidad de Madrid, al Gobierno central. Lo hace burlando de nuevo la Ley Celaá al blindar los conciertos en Educación.
Si hace apenas dos días adelantaba el proceso de admisión de alumnos para que éste se realizara antes de la entrada en vigor de la LOMLOE, ahora su desafío consistirá en prorrogar hasta 10 años los conciertos en vigor.
Con lo primero, se aseguraba que las familias pudieran elegir centro, dijo. Ahora la excusa es también garantizar que éstos puedan seguir recibiendo las subvenciones estatales aunque no cumplan con la ley. En especial, aquellos que segregan al alumnado por sexo.
Enrique Ossorio, consejero de Educación madrileño, ya había amenazado con más ataques a la nueva ley educativa. Ayuso pone en esta ocasión la barata excusa de que “la duración de la educación obligatoria es de diez años. Por ese motivo, se ha considerado acertado hacer coincidir ese plazo con la vigencia de los conciertos y dar a las familias madrileñas esa garantía”.
Ayer se presentaba el decreto ante el Consejo Escolar de la región. La presidente madrileña tenía asegurado que saldría adelante puesto que la Administración tiene mayoría.
La regulación de los conciertos es competencia estatal, no de Ayuso
El PSOE de Madrid, Más Madrid y CCOO han censurado esa prórroga de los conciertos e indican que la regulación de estos es competencia del Gobierno. Por su lado, una portavoz del Ministerio de Educación tan solo ha explicado que “habrá que hacer un análisis jurídico para comprobar si se ajusta a derecho”, cuando se publique la norma del Ejecutivo regional.
Ya que la actual regulación de los conciertos educativos es incompleta, Ayuso tiene manos libres para ampliar los plazos. No obstante, el Gobierno podría aprobar un decreto estableciendo un plazo máximo único de duración de los conciertos a nivel nacional. Sin embargo, podría traer dificultades políticas al Ejecutivo de Sánchez.
La actual legislación, que aprobó el PP, trajo un importante cambio que benefició especialmente a los centros privados concertados. El Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos de 1985 estableció que la duración de los conciertos era de cuatro años.
Sin embargo, los populares lo cambiaron a “una duración mínima de seis años en el caso de Educación Primaria, y de cuatro años en el resto de los casos”.
No se establecieron en su día los límites
El Gobierno central tendría que haber establecido la duración máxima puesto que a él corresponde fijar “los aspectos básicos a los que deben someterse los conciertos”, según la propia norma aún vigente. En ella se hace mención especial a la “duración máxima”.
Además, en la práctica, son los Ejecutivos autónomos los que tienen encomendado “dictar las normas necesarias para el desarrollo del régimen de conciertos educativos”. También sus límites. Así lo hicieron. Madrid decidió que la duración de los conciertos sería de seis años para todas las etapas. Ahora pretende ampliarlo a diez años.
Ese límite a la duración no está contemplado en la nueva ley, que salió adelante con los votos favorables del PNV y ERC. En cambio, ninguno de estos partidos está de acuerdo en que sea el Ministerio quien ponga limitaciones a la autonomía educativa de las Comunidades.
La Ley Celaá no modifica este aspecto de la Ley Wert, que mantiene una duración de seis años, como mínimo, para Primaria y cuatro para el resto. En consecuencia, se dan dos circunstancias.
Ayuso incumple la ley de su propio partido
Por lo mencionado respecto a los nacionalistas vascos y a los republicanos catalanes, el Gobierno podría tener problemas con sus socios si aplica límites.
A su vez, fijar otros nuevos en la duración de los conciertos debería, al menos, atenerse a lo establecido en la ley aprobada por el PP. Ayuso ni siquiera cumple con la legislación de su propio partido.
Cayendo la que está cayendo, la presidente madrileña pone el acento en aspectos en los que ahora no toca. María Pastor, de Más Madrid, recuerda que “los conciertos educativos no están en peligro” con la Ley Celaá. Lo que sí está en peligro es la propia educación en Madrid.
La educación madrileña sigue sin recursos
“Dentro de unos días hay 1.117 profesores de refuerzo Covid que se van a la calle, hay falta de medios, los recursos académicos son preocupantes. Esto demuestra cuáles son las prioridades de este Gobierno” regional, señala.
En eso mismo abunda Isabel Galvín, de CCOO. “Este proyecto de decreto no se debe a una necesidad de regulación derivada de una circunstancia educativa, sino a querer saltarse el contenido de la Lomloe, que será previsiblemente aprobada, y en la que no se modifica nada de lo relativo a la duración de los conciertos”, sentencia.
Más bien, se cuestiona Galvín, “¿se trata de mantener el negocio, aunque no haya niños?”, ante el previsible descenso de la “población escolarizable”.