La derecha política y mediática lleva tiempo inmersa en una campaña de desinformación acerca de la LOMLOE, la conocida como Ley Celaá. Empeñados en hacer oposición sin aportar alternativa alguna, se dedican, no sólo a criticar la nueva ley educativa, sino a mentir sobre ella.
A la cabeza de esos ataques, Isabel Díaz Ayuso, la presidente de la Comunidad de Madrid, quien pretende burlar la nueva legislación blindando por 10 años los conciertos educativos. Esto, que es un decreto que aún tiene que aprobar, vino precedido por el adelanto de los plazos del proceso de admisión de alumnos.
Todo ello con la excusa de garantizar a las familias la libre elección de centro para lo último y dar garantía a los madrileños que elijan la enseñanza concertada para lo primero. Prorrogará los conciertos educativos porque la educación obligatoria dura diez años, dijo.
Sin embargo, no es cierto que los cambios que se implementan en la Ley Celaá ataquen o perjudiquen sin motivo a los centros concertados. Ya lo ha dicho Marta Bernardo, del grupo socialista en la Comunidad de Madrid.
“Para empezar, los colegios concertados no van a tener ningún problema con la ley Celaá, eso hay que dejarlo claro porque hay mucha desinformación. Sí que es verdad que se especifica que los centros que segregan por sexo no van a tener cabida en la educación pública”, aseguró.
La Ley Celaá se limita a cumplir con la Constitución
No sé qué tiene de extraño en un proyecto progresista, cabría preguntarse. Es más, debería ser sagrado incluso para la derecha constitucionalista, porque la Carta Magna defiende y obliga a la igualdad. Lo único que hace la nueva ley es cumplir con la Constitución.
A eso añade que a los centros concertados “se les otorgó suelo público y esos centros han invertido un dinero. No sé qué les dijeron que pasaría con el tiempo, pero ahora la situación va a ser otra. Creo que ahora el Gobierno de Ayuso tiene que dar alas o excusas para justificarse por las promesas que han hecho”.
Y es que conviene dejar claros los cambios que la Ley Celaá introduce. Uno de ellos persigue corregir la distribución de los alumnos desfavorecidos entre las redes pública y concertada. De hecho, en la pública estudian nueve de cada diez menores de los hogares con menos recursos.
La LOMLOE señala que las Comunidades tendrán que establecer “una proporción equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo”.
Asimismo, las actividades extraescolares de pago no se podrán ofrecer en horario escolar. Se crearán oficinas de garantías para velar por el proceso de admisión.
De este modo, los padres podrán dirigirse a estas oficinas para matricular al alumno. Disminuye, así, la capacidad de maniobra de los centros para elegir al alumnado. Además, está prevista la reducción de ratios en entornos desfavorecidos.
Prohibido segregar
Lo que sí afecta de lleno a los centros concertados es la imposibilidad de segregar por sexos. De hecho, aquellos centros que lo hagan no podrán entrar en los conciertos educativos.
Es más, ya desde el proyecto educativo que presenten los aspirantes a dirigir un centro tendrán que fomentar la igualdad. Esto va desde los libros de texto hasta la formación del profesorado. Igualdad, rara palabra para la derecha.
Por otro lado, la cercanía al domicilio y, prácticamente al mismo nivel, la renta familiar serán los criterios principales para adjudicar una plaza. Igualmente, será obligatorio un porcentaje de la llamada matrícula viva, es decir, alumnos que llegan después de haber finalizado el proceso de admisión ordinario o habiendo comenzado el curso.
La Ley Celaá también fija para qué se puede ceder suelo público
A su vez, la Ley Celaá prohíbe que los Ayuntamientos cedan suelo público para construir centros educativos no públicos. Asimismo, queda suprimido el concepto de “demanda social” para programar las plazas.
Además, la LOMLOE destaca que la “educación pública constituye el eje vertebrador del sistema educativo”. Por eso, se hace un llamamiento a las Comunidades para que garanticen plazas suficientes en la red pública.
Por tanto, no se va contra los centros concertados ni contra el sistema educativo concertado. De lo que se trata es de que el dinero público que se destina a la educación concertada cumpla con los criterios de un uso público e igualitario para todos.
Ayuso, la derecha política y también la mediática ven cómo se les escapa el negocio al darse cuenta que el dinero público deja de ser dinero suyo, como vienen creyendo.
En cambio, la educación concertada no va a dejar de recibir ese dinero público siempre que cumpla con los criterios de una de educación pública. Porque, de no ser así, dejaría de ser concertada y pasaría a ser privada. Así de simple. Nadie les impone más que cumplan con la Constitución. Vaya, como a todos los demás.