Entre las metas que se ha fijado el Gobierno con la Ley de Vivienda es alcanzar el 20% de vivienda pública en 20 años. Un objetivo “ambicioso” puesto que a día de hoy sólo hay un 3%, una situación “dramática”.
Así lo ha asegurado Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en una entrevista en Onda Cero.
En ese sentido, la ministra ha hecho responsable de esa situación a las políticas de liberalización de suelo del PP. También, a la venta de vivienda pública a los fondos ‘buitre’, algo que queda expresamente prohibido en la norma que se tramita.
“A partir de aquí nosotros nos hemos fijado un objetivo. La ley de vivienda ya lo regula de esa manera, es decir, alcanzar en un plazo aproximado de 20 años ese objetivo. El 20% es un objetivo ambicioso, está claro”, ha explicado.
Además, con la prohibición de venta de vivienda pública a fondos de inversión, se garantiza una calificación permanente de dicha vivienda protegida.
Así, para construir ese parque público, el Ejecutivo se fijó un objetivo inicial de 20.000 viviendas de alquiler asequible.
Posteriormente, la meta ha ascendido a 100.000, a disposición de ayuntamientos y comunidades autónomas.
Asimismo, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, anunció este domingo la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para ese parque público de viviendas.
Al hilo de ello, la ministra afirmó que ya están en alquiler asequible alrededor de 14.000. Además, otras 21.000 se encuentran en diferente grado de desarrollo, poniéndolas a disposición de los gobiernos regionales y municipales.
Por otra parte, respecto a la Ley de Vivienda, se pretende evitar la especulación inmobiliaria que provoque un descontrol de los precios del alquiler.
En todo caso, Sánchez remarcó que la norma “favorece a todo el mundo”, aunque no se pronunció contra los fondos ‘buitre’. En cambio, les ha pedido que aseguren “buenas condiciones”, y ha animado, por otra parte, al sector privado a que construya vivienda pública.
De hecho, explicó, se ha llegado a acuerdos con las entidades financieras para la construcción de un fondo social. Por tanto, dijo, se necesita al sector privado.