Los partidos del Gobierno de coalición, ERC y Bildu han cerrado un acuerdo para sacar adelante la Ley de Vivienda antes de que acabe la legislatura.
Entre los aspectos clave, figura la consolidación del límite al precio del alquiler en todo el territorio español, con independencia de que sea zona tensionada.
Asimismo, rebaja de diez a cinco propiedades el concepto de gran tenedor e incluye a las personas físicas las restricciones para las zonas tensionadas.
Además de los límites de los porcentajes para las actualizaciones anuales de las rentas, se elimina el IPC como índice de referencia para ello.
Con ese fin, se creará, antes del 31 de diciembre de 2024, un nuevo índice de referencia, del que se ocupará el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Una referencia que se aplicará tanto a los contratos nuevos a partir de su creación y entrada en vigor como a los contratos anteriores.
Compensación a los pequeños tenedores
Dicho esto, se compensarán en parte estas limitaciones mediante la inclusión en la Ley de Vivienda de incentivos fiscales a pequeños propietarios.
Por ejemplo, las entidades locales gozarán de la potestad de movilizar viviendas vacías a través del IBI.
Además, se protegen los parques públicos de vivienda y se prohíbe que se vendan a fondos de inversión.
Asimismo, se amplían los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida, pasando del 30% al 40% en suelo urbanizable. Igualmente, del 10% al 20% en suelo urbano no consolidado.
A más, se establecen mecanismos que garanticen la transparencia en el ámbito inmobiliario en la compra y también en el alquiler.
Zonas tensionadas
Así, se fijan nuevas causas para aplicar las medidas de control en las zonas tensionadas. De este modo, cuando la carga media del coste de la hipoteca o el alquiler más gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media, se declarará la zona como tensionada.
También, si el precio de compra o alquiler se haya incrementado un mínimo de un 3% por encima del IPC en los cinco años anteriores.
No es necesario que se cumplan las dos condiciones, basta con que concurra una de ellas.
Una vez que se haya declarado una zona como tensionada, el propietario tendrá que mantener las condiciones del contrato a la hora de prorrogarlo. Además, por un periodo máximo de tres años.
En todo caso, la declaración de zona tensionada es algo que corresponderá a las Comunidades Autónomas.
De este modo, se evita la vulneración competencial, puesto que el Estado no tiene competencias en esta materia. Por tanto, se eliminan siete artículos del proyecto de ley relativos a políticas de consumo.
Asimismo, se prohíben los desahucios sin fecha y hora predeterminada, además de incluir nuevas prórrogas en los lanzamientos. Con ello, se aplazan los procesos más de dos años.
Además, las personas vulnerables accederán obligatoriamente a los procedimientos de solución extrajudiciales.
La Ley de Vivienda incentiva la alternativa habitacional
Al margen de ello, los gobiernos regionales podrán establecer mecanismos propios de mediación y alternativa habitacional.
De esta forma, la Ley de Vivienda persigue que los grandes tenedores que lleven a cabo desahucios deban someterse a esas mediaciones.
Al tiempo, se reconoce la capacidad para emplear los fondos de los planes estatales de vivienda para ofrecer alternativas para personas en riesgo de desahucio.
Es decir, alquileres sociales bonificados, realojamientos o toda aquella política cuyo objetivo sea aportar una alternativa habitacional.
Para terminar, los gastos y honorarios inmobiliarios generados por el alquiler de una propiedad serán por cuenta del arrendador.
De este modo, se acaba con los gastos y honorarios abusivos que impiden el acceso a una vivienda por lo que supone el desembolso inicial.
Más concretamente, no se podrá incrementar las rentas de alquiler vía nuevos gastos, como los de comunidad, tasas de basura. En definitiva, cualquier gasto que no se pueda atribuir al inquilino si no se había acordado previamente.