La vivienda pública no se podrá vender al sector privado

La vivienda pública no se podrá vender al sector privado

La nueva Ley de Vivienda prohibirá la venta de vivienda pública a entidades privadas, como los fondos de inversión, por parte de las Administraciones.

Así, según aseguran fuentes de Unidas Podemos a Europa Press, se consiguió incluir este punto en el texto acordado con el PSOE. De este modo se pretende prohibir la enajenación de la vivienda pública para ofrecerlos en el mercado libre por parte de los compradores.

Esta cláusula trata de impedir que vuelva a suceder como cuando en 2013 el Gobierno de la Comunidad de Madrid vendió casi 3.000 viviendas al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora. El Tribunal Supremo anuló posteriormente esa transacción al considerar que no se justificaba esa enajenación.

Asimismo, otro caso fue el de la venta de 1.860 pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) al fondo de inversión Blackstone. Esa operación se cerró a cambio de 128, millones de euros, siendo alcaldesa de la capital Ana Botella.

Por su lado, Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, sugirió este extremo al explicar que la ley busca estos propósitos de evitar tales enajenaciones. “Eso no se va a volver a hacer en España”, afirmó.

El suelo reservado para vivienda pública no podrá recalificarse

Así las cosas, el texto consensuado señala que un suelo reservado para vivienda pública “no podrá modificarse”, salvo casos excepcionales. Por ejemplo, que el instrumento de ordenación urbanística apunte a la “innecesaridad de este tipo de viviendas o la imposibilidad sobrevenida de dicho destino”.

Ello, “con independencia de que puedan modificarse las condiciones de la vivienda protegida para atender a la demanda y necesidades del ámbito territorial”.

Además, la ley dispone que las viviendas protegidas “estarán sometidas a un régimen de protección pública permanente que excluya la descalificación”. Esto será así “en tanto se mantenga la calificación de dicho suelo”, reza el texto acordado.

En todo caso, y si existe causa justificada para la descalificación, el plazo de protección de la vivienda pública será de un mínimo de 30 años. Es más, de producirse, se tendrán que devolver todas o parte de las ayudas recibidas si se enajena la vivienda posteriormente a su descalificación.

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