Contra once miembros de la junta militar que dio el golpe de Estado en Birmania van dirigidas las sanciones que la Unión Europea ha impuesto. Asimismo, por la represión inmediatamente posterior a la asonada.
Así lo ha anunciado Josep Borrell, Alto Representante de la UE para Política Exterior, antes de la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores. Precisamente ha sido en ella donde se ha dado el visto bueno a la lista de sancionados.
Min Aug Hlaing, jefe de las Fuerzas Armadas de Birmania, es uno de ellos, así como Soe Win, su mano derecha. También se encuentra en el listado Thei Soe, designado para dirigir la Comisión Electoral. En su caso concreto, se le acusa de haber jugado un papel decisivo para anular las alecciones en la actual Myanmar.
Las sanciones incluyen la prohibición de entrada en territorio de la Unión Europea y la congelación de sus bienes en el bloque comunitario. Asimismo, queda congelada la ayuda financiera al Gobierno birmano y a los programas humanitarios que venían canalizándose mediante las autoridades.
De este modo, se trata de evitar cualquier vínculo con la junta militar que pudiera interpretarse como una legitimación de la misma.
Las entidades económicas del país quedan fuera de las sanciones, por el momento. No obstante, la UE avisa de que “revisará sus opciones” para dirigirse a los intereses económicos de los golpistas.
Después de condenar el golpe militar del 1 de febrero, la UE ha insistido en la restauración inmediata de la democracia.
Por otro lado, se han multiplicado las protestas contra el golpe militar en toda Birmania, a las que las autoridades han respondido con violencia. Las manifestaciones se han saldado con, al menos, 247 muertos, según organizaciones civiles.
La decisión de la UE coincide con el encuentro que tendrán los ministros del bloque comunitario con Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En dicho encuentro, se hará un repaso a la situación de los Derechos Humanos en todo el mundo. Será en este marco en el que la UE aprobará nuevas sanciones contra responsables de abusos de derechos en China, Corea del Norte, Eritrea, Libia, Rusia y Sudán del Sur.