“En defensa de lo público” (y V), por Pedro Molina Alcántara.

Pedro Molina Alcántara.

Comienzo este artículo con la promesa de que es el último de esta serie, así que unas cuantas personas podrán respirar por fin aliviadas. En efecto, a lo largo de los cuatro primeros artículos de esta serie he defendido la necesidad de que exista el sector público, el Estado. Un Estado que no sea raquítico ni mastodóntico, que garantice los derechos y los legítimos intereses de la ciudadanía en cumplimiento de los valores, principios y demás fines establecidos en nuestra Constitución.

Para ello, el Estado se vale de unas estructuras político-administrativas, las instituciones, actuando a través de ellas. Dichas instituciones, aunque España está considerada una democracia plena, pueden y deben mejorarse; por ello, también hablé de esa palabra tan bella a mi juicio que es la regeneración. Al nombrarla hago referencia a un conjunto de políticas encaminadas a incrementar la calidad de las instituciones, haciéndolas más democráticas, transparentes, abiertas a la participación ciudadana, eficaces y eficientes. Se trata de un proceso inacabable, pero podemos perfeccionar el sistema reformando la ley electoral, añadiendo mecanismos de participación, de rendición de cuentas y de acceso a la información política…

La parte “menos bonita” del sector público es que cuesta dinero y se financia a través de impuestos, tasas y otros tributos, fundamentalmente. Siempre defenderé a capa y espada las bondades de una fiscalidad justa y suficiente, que reparta equitativamente las cargas tributarias y que no peque de falta ni de exceso de afán recaudatorio. El dinero recaudado, dinero público que es de toda la ciudadanía al fin y al cabo, debe emplearse adecuadamente y en su justa medida, sin recortes ni despilfarro. Por todo ello, quiero terminar este artículo y, por ende, la última entrega de esta serie; llamando a un compromiso ético de país contra la corrupción -ya sea institucional o empresarial-, el fraude -fiscal, laboral o social- y los privilegios fiscales de los poderosos -amnistías fiscales, deslocalización, cuentas opacas en territorios offshore…-.

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