Los elevados niveles de déficit y deuda pública son las razones por las que Bruselas insista en que España mantenga una política fiscal “prudente”. El objetivo es garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.
Este es el mensaje que la Comisión Europea ha enviado al Gobierno después de analizar los Presupuestos Generales del Estado enviados a mediados de octubre.
Es cierto que las autoridades del bloque comunitario mantienen suspendidas las reglas fiscales. Por ello, ni aprueban ni suspenden los por razones presupuestarios de los países miembros. Se limitan a analizar las cuentas públicas y señalar, si así procede, deficiencias o recomendaciones.
Así las cosas, el Ejecutivo que preside Ursula von der Leyen vuelve al incluir a España en el grupo de doce países con desequilibrios macroeconómicos.
Entre éstos, el citado déficit y deuda pública, el elevado desempleo, la deuda de las empresas, la acumulación de activos tóxicos en la banca y la posición exterior.
En ese sentido, el informe apunta a que “dados el nivel de la deuda pública de España y los importantes desafíos para la sostenibilidad en el medio plazo antes de la pandemia de COVID-19, al adoptar medidas presupuestarias de apoyo, es importante mantener una política fiscal prudente para garantizar la sostenibilidad de la finanzas públicas a medio plazo”.
La prudencia en la política fiscal se pide a todos los países de la UE
Así, Valdis Dombrovskis, vicepresidente económico de la Comisión Europea, explicó en rueda de prensa que la “prudencia” se pide a todos los países.
Especialmente, a los que cuentan con un elevado nivel de deuda pública, pero, también, que se mantengan “unas condiciones favorables de financiación”.
El Ejecutivo comunitario sigue considerando que el incremento de la inflación es temporal. Sin embargo, Dombrovskis subrayó que “no puede darse por seguro” el actual entorno de tipos de interés bajos.
De ahí que los Estados miembros deban prepararse para “potenciales eventualidades”.
Por otro lado, el documento alerta de que el futuro de las finanzas públicas españolas sigue “sujeto a la elevada incertidumbre”, amenazando la recuperación. En especial, en cuanto a la evolución de la epidemia y las posibles “cicatrices” que deje.
Asimismo, destaca que por el momento no hay impacto “directo o inmediato” por el “significativo” apoyo que España dio a empresas y hogares. Sin embargo, advierte de que las garantías concedidas en avales o aplazamientos en el pago de impuestos suponen el 8,4% del PIB.