Este viernes, el Tribunal Penal Internacional (TPI) ha emitido una orden de detención contra Vladimir Putin, presidente de Rusia, por supuestos crímenes de guerra.
Concretamente, por la deportación forzosa de menores ucranianos desde zonas ocupadas por tropas rusas a territorio de la Federación Rusa.
Asimismo, el TPI también ha emitido una orden de arresto contra Maria Alekseievna Lvova-Belova, comisaria presidencial de los derechos de la Infancia de Rusia.
Según un comunicado de esta corte internacional, hay “motivos razonables” para pensar que Putin “tiene responsabilidad penal individual” por esos delitos.
Bien por su comisión “directa”, bien por incapacidad de “ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos”.
En ese sentido, Moscú ha negado sistemáticamente esas deportaciones de las que Kiev y sus aliados occidentales acusan a Rusia.
De hecho, el Gobierno de Ucrania calcula que al menos 16.000 menores fueron desplazados contra su voluntad a territorio ruso desde que comenzó la guerra.
A su vez, un estudio de la Universidad de Yale denuncia que al menos 6.000 menores ucranianos han acabado en 40 internados en Rusia.
De este modo, el TPI emite los primeros cargos internacionales después de meses de trabajo que ha realizado un equipo especial de investigación.
Al frente de ella, Karim Khan, fiscal jefe del esta Corte internacional y para su emisión se ha necesitado que varios jueces validaran las pruebas.
Es casi imposible que el TPI juzgue a Putin
No obstante, que el TPI acabe juzgando presidente ruso es prácticamente imposible efectos prácticos.
En primer lugar, porque Rusia se retiró en 2016 del Estatuto de Roma, que es sobre el que se sustenta el tribunal a efectos legales. Es decir, no reconoce su autoridad.
Además, en segundo lugar, porque esta Corte no puede atender casos in absentia del acusado.
A ello se une que Moscú no entregará a oficial ruso alguno, como ha venido reiterando en numerosas ocasiones desde que empezaron las investigaciones.
Dicho esto, el TPI sí puede imputar al presidente ruso ya que tiene capacidad para desposeer de inmunidad a los jefes de Estado en casos de crímenes de guerra. También si son crímenes contra la Humanidad y genocidio.
Cabe destacar que esta Corte suele mantener el anonimato de los acusados. Sin embargo, ha hecho una excepción con Putin y Lvova-Belova.
Explica que “el conocimiento público de las órdenes puede contribuir a la prevención de la comisión de nuevos delitos”, especialmente, la deportación infantil forzosa. Algo que, sostiene, “todavía continúa”.
En esa misma línea se ha pronunciado Piotr Hofmanski, presidente de la Corte. Se han hecho públicos los nombres “en interés de la justicia” y con el fin de “evitar delitos futuros”.
Así, Hofmanski recuerda que “el derecho internacional prohíbe a cualquier potencia ocupante la transferencia de civiles del territorio en el que viven a otros lugares”.
No obstante, admite que la ejecución de las órdenes de detención “depende de la cooperación internacional”.