El presunto delito se habría cometido mediante una vivienda alquilada en el centro de Valencia.
Según el sumario del caso Erial, María Zaplana, hija de Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat Valenciana, y Luis Iglesias, marido de ésta, han sido imputados por blanqueo de capitales, cometido, supuestamente, a través de una vivienda alquilada en el centro de Valencia.
La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, que instruye el caso, ha levantado el secreto de sumario y en él la jueza indica que, después de investigar la procedencia del dinero con el que se pagaba el alquiler, aparecen indicios de la implicación de la hija de Zaplana y de su marido en los hechos objeto de investigación.
En concreto, se trata de una vivienda en la calle Pascual y Genís de Valencia donde el también ex ministro de Trabajo residía durante sus visitas a la capital valenciana a causa de sus revisiones médicas por la leucemia que sufre o por los actos a los que acudía. De acuerdo con la investigación, esa vivienda estaba alquilada a un ciudadano ruso llamado Miroslav Schopoff, implicado en una causa investigada por la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y fraude fiscal.
En contra de lo pactado con la propiedad, habría subarrendado la vivienda a la hija de Zaplana, como así consta en uno de los autos de la magistrada instructora. El coste anual del alquiler ascendía a 42.000 euros, aunque los ingresos brutos conocidos de la hija de Zaplana en 2015 eran de 62.338 euros anuales y de 54.532 en 2016. Al año siguiente no declaró ingresos. Los pagos eran hechos desde la cuenta de su marido, transfiriendo 115.000 euros.
La jueza ha constatado que el 11 de diciembre de 2015, en la cuenta de Luis Iglesias, se recibió un ingreso desde Suiza de 2,2 millones de euros, la misma cuenta desde la que se realizan las transferencias del pago del alquiler, “coincidiendo en el tiempo la entrada del dinero con la forma del contrato de alquiler y el primer pago”. Sin embargo, no constan declaradas las cantidades satisfechas por el alquiler.
La magistrada también hace constar que esa entrada de divisas “es coincidente con la entrada también de divisas desde Suiza en la cuenta de otro de los investigados, en concreto Washington Fernando Belhot” de 1,8 millones de euros, coincidiendo con el intento de inversión en el Puerto Deportivo de Altea.
Belhot es considerado por la UCO de la Guardia Civil como el presunto testaferro de Zaplana y de haber participado junto a éste y a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, en un negocio de comercialización de un producto de desinfección de aguas que intentaban llevar a cabo. Según la magistrada, hay indicios de la presunta implicación de Zaplana en esa inversión, que finalmente no se realizó. El supuesto testaferro retiró el dinero ingresado y dejó un remanente de 200.000 euros que ahora están bloqueados.
Ante todas estas circunstancias, la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia resolvió a favor del registro domiciliario de la hija de Zaplana y su esposo en Madrid puesto que entiende que podría haber documentación en diferentes soportes relacionados con los hechos investigados y que pudieran conservar allí “por su implicación directa con el retorno del dinero a España”.
El fiscal anticorrupcion también mostró su acuerdo con este registro, entendiendo que el matrimonio podría ser responsable de la participación en ese delito puesto que la entrada de dinero desde Suiza y las circunstancias “evidencian una serie de movimientos económicos que resulta necesario investigar por su indudable influencia en la causa”.