Las exigencias de Junts han provocado que la votación en el Pleno del Congreso resultara contraria a aprobar la Ley de Amnistía antes de pasar al Senado.
Este pasado martes nos preguntábamos qué podría cambiar aún en la norma una vez que la Comisión de Justicia la había devuelto al Pleno.
Lo que ha cambiado es todo. Los 179 votos en contra de PP, Vox, UPN, Coalición Canaria y los neoconvergentes fueron más que suficientes para tumbarla.
No es la primera vez que coincide esta circunstancia, claro que por motivaciones distintas. En esta ocasión, los diputados de los cuatro primeros partidos porque siempre se han opuesto. Los de Junts porque reclaman más de lo que la Ley de Amnistía recoge.
Así, los de Carles Puigdemont exigen un blindaje total antes las acusaciones de terrorismo, además del perdón de los delitos de traición.
También, aquellos contra la paz o la independencia del Estado y los relacionados con la defensa nacional.
De incluirse, supondría que el juez que investiga el ‘caso Volhov’ no podría avanzar en sus pesquisas, porque insiste en la conexión del independentismo catalán con Rusia.
Sin embargo, sí recoge lo pactado la semana pasada entre el PSOE y los neoconvergentes para determinados delitos de terrorismo.
En concreto, se amnistiarían todos los delitos de terrorismo, excepto los que “de forma manifiesta y con intención directa” hubieran causado “violaciones graves de Derechos Humanos”.
Seguía, de este modo lo que citan expresamente los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo. Es decir, los que recogen el derecho a la vida y la prohibición de la tortura, respectivamente.
Aunque de esta forma se salvaba a los investigados en las causas contra los CDR y Tsunami Democrátic, los de Junts no se fían. Consideran que podrían abrirse nuevos procedimientos que podrían quedar fuera de la amnistía.
Delitos fuera de la Ley de Amnistía
Y es que el juez instructor Manuel García Castellón investiga varios hechos que considera que podrían enmarcarse en los delitos no amnistiables.
Por ejemplo, las graves lesiones que sufrieron dos policías durante los disturbios tras la sentencia del procès.
Según sus apreciaciones, son “incompatibles con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución”.
También, en el “artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos” y atribuye una intención homicida a los que ocasionaron tales lesiones.
Por otra parte, se basa en la directiva europea 2017/541. Esta obliga a los Estados miembro a perseguir y castigar los actos de terrorismo.
Asimismo, otra directiva europea también obliga a proteger las infraestructuras clave, como serían los aeropuertos.
Al mismo tiempo, los neoconvergentes pretendían con una enmienda parcial incluir los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional.
Esto último, en todo caso, lo dejaba fuera el Congreso al no haber rescatado las enmiendas vivas de la formación de Puigdemont.
Caso ‘Volhov’
De esta forma, los de Junts trataban de salir al paso a las investigaciones del ‘caso Volhov’. Las pesquisas del titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona se centran en la llamada ‘trama rusa’.
El magistrado observó “estrechas relaciones personales entre algunos de los investigados con individuos de nacionalidad rusa”. Por ello, ha decidido prorrogar seis meses más la investigación.
Entre los imputados no figura Puigdemont, pero sí Josep Lluís Alay, su jefe de Gabinete. Para el juez Joaquín Aguirre, algunas de las conductas de Alay podrían encajar en los delitos mencionados anteriormente.
Además, Junts pretendía ampliar en la Ley de Amnistía la horquilla temporal. De este modo, perseguían incluir los delitos relacionados con el proceso soberanista del 1 de noviembre de 2011 al 13 de noviembre de 2023.
Sin embargo, finalmente la norma abarca del 1 de enero de 2012 al 13 de noviembre de 2023.