Suspendido el segundo tramo de la subvención a la aerolínea Plus Ultra, lo que supone que no se le entregarán los 34 millones de euros restantes. Así será al menos hasta que la compañía acredite que realmente necesita de esta ayuda para pagar a sus acreedores.
Lo ha ordenado la juez del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos.
Este segundo tramo de la subvención concedida por la SEPI debía hacerse efectiva el próximo 28 de julio, completando los 53 millones de euros.
En su auto, la juez la entrega de esos 34 millones “debe ser justificada, habida cuenta de la existencia de este procedimiento” judicial. Si se hiciera esa entrega “no justificada” representaría “un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior”.
Considera que “la teoría general de las medidas cautelares en el ámbito de delitos contra el patrimonio en un sentido amplio de peligro o urgencia de su necesidad, peligro en la mora y el ‘fumus bonis iuris’ son aquí de aplicación, teniendo siempre un carácter provisional”.
Por tanto, la magistrada da un plazo a Plus Ultra para que “acredite la necesidad de entrega del préstamo para el pago de acreedores”. A su vez, advierte al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de forma que no efectúe el pago. Si lo hiciera, podrían derivarse responsabilidades criminales.
Una subvención en tela de juicio desde el principio
El Juzgado del que es titular Collazos investiga la concesión de 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales concedió a la compañía. Vox y PP se personaron en la causa al considerar dicha concesión irregular.
Por su parte, el propio Fondo de Apoyo informó a la juez de que se cumpliría el plazo para entregar el segundo tramo de la subvención. Ante ello, la magistrada dio traslado a las partes para que se pronunciaran.
La Abogacía del Estado, en representación de los miembros del Consejo Gestor del Fondo sostuvo que debía pagarse el segundo tramo. Alegó “la plena legalidad del apoyo financiero otorgado”.
No obstante, puesto que no tiene “particular interés” en que se efectúe el desembolso, coincide en el “principio de prudencia”.
A su vez, la Fiscalía de Madrid requirió a Plus Ultra que acreditara “la necesidad de entrega del préstamo participativo de 34 millones de euros”.
Por último, reseñar que la juez Collazos ha incoado diligencias previas contra el entonces presidente del SEPI y Bartolomé Lora, actual vicepresidente.
Asimismo, contra los miembros del Consejo de Administración por una supuesta malversación en la tramitación de la ayuda a la aerolínea.