La OPA que IFM Global Infrastructure ha lanzado para adquirir el 22,69% de Naturgy ha puesto nervioso al Gobierno de Pedro Sánchez. De ahí que el Ejecutivo haya pedido a La Caixa que proteja a la gasística.
Naturgy es una de las tres grandes compañías eléctricas españolas por capacidad de producción de electricidad, redes y clientes. Además, domina casi como un monopolio el sector del gas.
La oferta del fondo inversor australiano necesita de la aprobación por parte del Gobierno. La Fundación La Caixa controla el 24,4% del capital de la casuística a través de Criteria.
Ahí radica la importancia de que la entidad que preside Isidro Fainé rechace la oferta parcial, como ya han hecho GIP y CVC. Estos dos grupos inversores ostentan el 20,6% y el 20,7% del capital de Naturgy, respectivamente.
No obstante, Criteria estudiará sus posibilidades en las próximas semanas una vez recibida la propuesta de IFM. No en vano, para La Caixa su participación en la gasística es una de sus posiciones clave. Cabe recordar que, tras la fusión con Bankia, pasará de tener el 40% en CaixaBank al 30%.
La Fundación recibió, sólo durante el año pasado, alrededor de 265 millones de euros en dividendos de Naturgy. Este año se prevé que perciba más de 300 millones.
Aunque aceptará la oferta del fondo australiano, Criteria seguiría siendo el accionista mayoritario, pero sin el respaldo de Repsol. El Gobierno pide a la entidad que preside Isidro Fainé que siga en el accionariado de la gasística como socio estratégico.
Tres fondos extranjeros controlarán el 66% de Naturgy
La cuestión está en que, si se lleva a cabo la operación, se haga de tal forma que no sea posible que en un futuro la mayoría de la empresa catalana se acabe.
Aunque lo hiciera como primer accionista, tres grandes fondos de inversión extranjeros controlarían el 66% de la gasística.
En todo caso, el Ejecutivo tendrá la última palabra, como se encargó de recordar María Jesús Montero, portavoz del Gobierno. Se da la circunstancia de que el Ejecutivo prorrogó hasta junio de 2021 la suspensión del régimen de liberalización de inversiones extranjeras con motivo de la epidemia.
De este modo, adquiría capacidad de supervisión y veto sobre las inversiones en empresas españolas. Así, quien quiera comprar más del 10% de acciones de una compañía cotizada deberá contar con la autorización previa del Gobierno. Si no son cotizadas, sólo si la inversión es superior a los 500 millones de euros.
Hasta tres ministerios se encuentran involucrados en este tipo de operaciones: el de Industria, Comercio y Turismo de Reyes Maroto; el de Economía de Nadia Calviño; y el de Transición Ecológica de Teresa Ribera.