El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado, de nuevo, la Ley de Paridad para remitirla a las Cortes. Una norma que obliga a una cuota entre el 40% y el 60% de mujeres en los órganos de decisión de las empresas. Esto incluye en los puestos de dirección y en los consejos de administración.
De hecho, las sociedades cotizadas que no cumplan con la Ley de Paridad incurrirán en una infracción grave que supondrá multas e, incluso, la suspensión de la cotización.
Así, en rueda de prensa, Ana Redondo, ministra de Igualdad, ha asegurado que “la meritocracia sin paridad no es posible”.
Asimismo, ha recordado los plazos de entrada en vigor de la norma y, en consecuencia, de la obligación de la paridad. En ese sentido, no ha habido cambios respecto a la redacción que el Gobierno aprobó en mayo.
Por tanto, desde 2024 para las empresas del Ibex35 hasta 2028 para las entidades de interés público.
En concreto, a partir del 30 de junio del próximo año para el selectivo bursátil. Igualmente, desde el 30 de junio de 2025 para las cotizadas con capitalización bursátil de más de 500 millones de euros. Por último, un año después para las demás.
Con el fin de velar por el cumplimiento de la norma, se encarga a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ese cometido.
También afecta a las entidades de interés público con más de 250 trabajadores y una cifra de negocios superior a 50 millones o activos por 43 millones.
Una Ley de Igualdad para todo estamento estatal
De igual forma, a los colegios profesionales. En estos casos, la obligatoriedad entra en vigor el 30 de junio de 2026 y, si no logran la paridad, deben informar de las razones. Además, deberán presentar un plan para llevarlo a cabo.
Respecto al ámbito político e institucional, la Ley de Paridad afecta al Gobierno, a las listas electorales y a los órganos constitucionales.
Es decir, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial.
Ya en el ámbito de la Administración General del Estado, afecta a los órganos superiores y directivos, como, por ejemplo, las secretarías de Estado. Por supuesto en cada Ministerio, para lo que cuentan con cinco años desde la entra en vigor de la norma.
Para terminar, la Ley de Paridad se extenderá gradualmente a todas las entidades del sector público estatal.