El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado, en segunda vuelta, la Ley de representación Paritaria, conocida como Ley de Paridad.
Una norma que obligará a una representación femenina de un mínimo del 40% en el Gobierno y en los órganos constitucionales.
Asimismo, en todas las administraciones del Estado y en las candidaturas electorales. Además, la Ley de Paridad afectará a las grandes empresas, que deberán contar con ese mínimo porcentaje de mujeres en sus consejos de administración.
Nadia Calviño, ministra de Asunto Económicos y vicepresidenta primera del Gobierno, lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete.
De este modo, sale adelante en el Ejecutivo esta norma que ya aprobó el Consejo de Ministros en marzo en primera vuelta.
Sin embargo, entonces afectaba a las listas electorales, el Gobierno y los consejos de administración de las grandes empresas. También, a las juntas de gobierno de los colegios profesionales y los jurados de reconocimiento público de personalidades.
En cambio, el Ejecutivo ha querido ampliar el ámbito de forma que ahora afecta igualmente a los órganos constitucionales y los de relevancia constitucional.
Esto es, como destacó Calviño, “el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que tengan una representación paritaria”.
A su vez, otro de los cambios es la flexibilización del “calendario de implementación de estos objetivos”. “Irá desde 2024 para el Ibex 35 hasta 2028 para las entidades de interés público”, detalló.
Una vez que explicó las modificaciones en la Ley de Paridad, comentó que a pesar de los “avances” logrados, todavía “queda camino por recorrer”.
En ese sentido, señaló que la presencia femenina en los consejos de administración de empresas cotizadas es del 32%. Además, no llega al 22% en los puestos de alta dirección.
De ahí que se trata de dar “un paso más hacia la igualdad efectiva” y “romper”, así, “el techo de cristal”.
La norma se enviará ahora al Congreso de los Diputados, donde seguirá su tramitación parlamentaria. El objetivo es que entre en vigor antes de que termine la legislatura, como manifestó este lunes Pedro Sánchez desde Santander.