La Fiscalía y las asociaciones se harán cargo de la demanda interpuesta en el Tribunal de Cuentas por el supuesto uso ilegal de fondos contra 34 ex altos cargos del Gobierno de Cataluña.
Ello es consecuencia de que la Abogacía del Estado y la Generalitat advirtieran de que no continuarían con el proceso. La primera entiende que no posee la legitimidad para demandar y la segunda, por su parte, no se considera perjudicada.
La fianza por presunta utilización irregular de los fondos para las llamadas ‘embajadas catalanas’ y para el Diplocat ha quedado fijada en 5.422.411,10 euros. Así consta en la notificación del acta de liquidación provisional.
La Abogacía del Estado queda excluida de las demandas, tal como han adelantado fuentes a Europa Press, porque correspondería a la Abogacía de la Generalitat.
Esas mismas fuentes han advertido de que se cuenta con un precedente, en el cual el Tribunal de Cuentas, en relación a la sentencia de noviembre de 2018, el órgano trasladó la ausencia de legitimación de la Abogacía del Estado, cuando se pretendió demandar a Artur Mas por los gastos derivados de la consulta del 9-N de 2014.
Existe un plazo de 15 días hábiles para que los ex altos cargos depositen las correspondientes fianzas desde que se les notificara el acta. En caso de que esa fianza no se abone, se procederá al embargo de los bienes de los ex altos cargos.
La Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas recoge que cuando se hayan pagado las fianzas, se trasladará la pieza al representante de la entidad del sector público que ha resultado perjudicado. De este modo presentará la correspondiente demanda en el plazo de 20 días.
En caso de no presentarse demanda alguna, se trasladará al Ministerio Fiscal para que en el mismo plazo de 20 días formule demanda. En caso de no presentar demanda, se ordenará el archivo de los autos.
Cuando finalice esta instrucción, el procedimiento continuará en el Departamento Segundo de Enjuiciamiento, recayendo en manos de Margarita Mariscal de Gante.
La liquidación de 5,4 millones de euros se dividirá entre los 34 ex altos cargos de la Generalitat. En el acta de liquidación se recoge que constan cantidades individuales por conceptos específicos. Estos los aprobaron ellos mismos cuando se encontraban en sus respectivos cargos.
Albert Royo, ex secretario del Diplocat, es quien acumula la mayor suma, puesto que se le responsabiliza de 3,6 millones de euros. Tras él, Mireia Vidal, ex interventora de la Generalitat, a la que se responsabiliza de 3,1 millones de euros.
Otras cantidades relevantes son las de Francesc Homs, ex conseller de Presidencia, con 2,9 millones; Artur Mas, ex Presidente de la Generalitat, con 2,8 millones; o Andreu Mas-Colell, ex conseller, por 2,7 millones de euros.
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