Una amplia mayoría de la Junta de Fiscales de Sala ha acordado este martes que se investigue a Carles Puigdemont, líder de Junts, por terrorismo en la causa de Tsunami Democrátic.
Precisamente, es lo que propone el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.
De este modo, rechaza el borrador de Álvaro Redondo, fiscal del Tribunal Supremo, que defendía que no había indicios para investigar al expresidente catalán.
Eso mismo es lo que perseguía la formación neoconvergente y que llevó a que votara, junto a PP y Vox contra la Ley de Amnistía en el Congreso.
Y eso que la norma extendía la medida de gracia, dejando fuera sólo algunos delitos de terrorismo, de forma que amparaba a los miembros de Tsunami Democrátic y al propio Puigdemont.
Sin embargo, una amplia mayoría de los quince fiscales que integran la Junta de Fiscales de la Sección Primera del alto tribunal votaron contra el informe de Redondo.
Asimismo, doce de ellos consideran que hay indicios de terrorismo en los hechos a los que se involucra a Tsunami Democrátic.
A su vez, once entienden que esos mismos hechos se pueden atribuir tanto al expresidente catalán como a Rubén Wagensber, diputado de Junts. Este último se encuentra en Suiza, mientras que Puigdemont continúa en Waterloo.
Con todo, será María Ángeles Sánchez Conde, número ‘dos’ de la Fiscalía General, quien decida si el Ministerio Fiscal propone al Supremo la investigación.
No obstante, “los acuerdos de la mayoría tendrán carácter de informe, prevaleciendo después del libre debate el criterio del fiscal jefe” de la Junta de Fiscales. Así lo establece el artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público.
Investigar o no a Puigdemont
Así las cosas, se produce una controversia. Los dos fiscales jefes, Fidel Cadena y Joaquín Sánchez Covisa, se han manifestado de manera contraria.
Mientras que el primero, que fue fiscal en el juicio del procès, se muestra a favor de investigar a Puigdemont, el segundo lo hace en contra.
“Si esta opinión fuese contraria a la manifestada por la mayoría de los asistentes deberá someter ambas a su superior jerárquico”, detalla el mismo artículo.
Es decir, Sánchez Conde, fiel de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado.
Asimismo, tendrá que unificar criterio entre los fiscales, pero también atendiendo a lo que considera la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
En este último caso, descartaron que los disturbios tras la sentencia del procès constituyeran un delito de terrorismo.