Los fondos europeos para paliar el impacto del coronavirus en el empleo se han acabado y al Gobierno le faltan 50.000 millones para pagar los nuevos ERTEs.
El 31 de mayo finaliza la prórroga de los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal que se acordó en setiembre del pasado ejercicio. Ahora, los nuevos ERTEs se extenderán hasta finales de setiembre de este año, tras el acuerdo alcanzado y firmado ayer.
Para evitar acudir a los mercados, el Ejecutivo recurrió a los fondos proporcionados por la Comisión Europea a través del SURE. Gracias a estos préstamos blandos, Bruselas calcula que España se ha ahorrado unos 850 millones de euros en intereses.
Sin embargo, el grifo se ha cerrado y los países que necesitan financiación están teniendo que empezar a emitir deuda. Hoy, el Consejo de Ministros extraordinario debatirá cómo abordar la situación que se viene encima.
Entretanto, empresarios y sindicatos negocian con el Gobierno in extremis para lograr prorrogar los ERTEs más allá del vencimiento del próximo lunes.
Mientras, en el Gabinete se discute cómo pagarlos. Por un lado, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, defiende mantener el modelo actual. Argumenta que, si se deja de hacer como hasta ahora, todos los recursos empleados hasta ahora no habrán servido de nada.
En cambio, en el área económica del Gobierno admiten que son más “sensibles” al impacto que la crisis sanitaria supone para las arcas del Estado.
Así, tanto Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos, como José Luis Escrivá, titular de Seguridad Social, abogan por mayores restricciones hacia las empresas que no reanuden su actividad. Proponen más incentivos hacia las que vuelvan a levantar la persiana del negocio.
El caso es que no hay dinero para pagar los nuevos ERTEs. Los 21.300 millones de euros procedentes de los fondos SURE se han quedado cortos. Aunque el Banco Central Europeo está apoyando las compras de deuda, el Ejecutivo sigue buscando de dónde obtener liquidez.
No será suficiente para la actual situación, que se alargará en el año, y cubrir el pago de todas las prestaciones.
Las cuentas son claras. El total de prestaciones desde octubre hasta finales de enero supuso un coste superior a 20.000 millones. Además, pagar los ERTEs anteriores al 30 de setiembre del pasado año tuvo un coste de 25.000 millones.
Tampoco hay que olvidar que las exoneraciones en las cotizaciones de la Seguridad Social supusieron un déficit de ingresos de un 30%.
Así las cosas, el Gobierno necesita 40.000 millones para cumplir con el actual acuerdo de los expedientes de empleo y el cese de actividad de los autónomos.
A ello hay que añadir que se necesitarán otros 10.000 millones si se quieren prorrogar estas prestaciones hasta setiembre. En total, 50.000 millones.