En los próximos días, veremos cómo se concretan los primeros pasos en cumplimiento de los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez.
Especialmente, el registro de la ley de amnistía que el PSOE ha pactado con ERC y con Junts. Presumiblemente, los grupos parlamentarios que la votarán a favor la registrarán este lunes en el Congreso.
Si todo se va cumpliendo, el debate de investidura comenzaría el 15 de noviembre. Una fecha que, en cualquier caso, anunciará Francina Armengol, presidenta de la Cámara Baja.
Así, los socialistas han ido informando de los acuerdos con las distintas formaciones políticas para lograr los apoyos suficientes para reelegir a Sánchez.
El PSOE, que cuenta con 121 diputados, quiere que nadie se escape y la cifra no baje de 179 síes para la investidura del candidato. Por tanto, 58 votos de un total de siete partidos.
Pero no basta con la investidura, sino también necesita estabilidad en la legislatura, es decir, aprobar Presupuestos Generales del Estado y no sólo uno.
Con ese objetivo, el Gobierno, previsiblemente, de coalición con Sumar tendrá que atender las demandas del resto de formaciones.
Precisamente, la que lidera Yolanda Díaz ha puesto sobre la mesa, a grandes rasgos, seis condiciones. Esto es: reducción de la jornada laboral sin reducción de salario y un plan de choque contra el desempleo juvenil.
Asimismo, reforzar el sistema público de salud, además de incrementar el parque público de vivienda hasta llegar al 20% del parque total.
También revisar al alza los objetivos de la Ley de Cambio Climático. Junto a ello, ampliar los permisos retribuidos por nacimiento y hacer universal la educación de 0 a 3 años.
En este sentido, pide la garantía de que el acceso a la educación pública para estos menores sea para todos al final de la legislatura.
No sólo investidura, también estabilidad
Por último, reforzar el impuesto a la banca y las energéticas. Además, el refuerzo del impuesto de sociedades, con un tipo mínimo efectivo del 15% sobre el resultado contable.
Con todo, aunque con matices, en estos objetivos ambos partidos estaban de acuerdo.
Cosa distinta fue con Junts y ERC, especialmente con el asunto de la amnistía, que ha sido el foco de atención de las últimas semanas.
Los de Carles Puigdemont (7 diputados) exigen una ley de amnistía para políticos y ciudadanos relacionados con el procès entre 2012 y 2023. Incluye a personas en casos de ‘lawfare’.
Al mismo tiempo, un mecanismo de verificación internacional para que haga el seguimiento de los acuerdos.
A su vez, los neoconvergentes exigen el compromiso de negociar respecto a un referéndum de autodeterminación en Cataluña.
También, la cesión del 100% de los tributos a la Generalitat catalana y las Rodalies.
Asimismo, un plan que facilite y promueva el regreso de la sede social de empresas a Cataluña.
Para terminar, ampliar la participación catalana en las instituciones europeas y otros organismos y entidades internacionales.
En cuanto a los siete votos de los republicanos de Oriol Junqueras, serán para la investidura con la concreción de la ley de amnistía.
De esta forma, acabar con la judicialización del procès. Coinciden con Junts en el traspaso integral de Rodalies.
Respecto a un verificador, ERC lo quiere para reanudar una mesa entre partidos.
En el terreno económico, reducir en 15.000 millones de euros la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), quedándose en 58.110 millones.
El apoyo vasco
Sin embargo, de los acuerdos con Bildu (6 diputados) no se ha conocido nada. Los abertzales confirmaron su apoyo al candidato el mismo día en que se reunieron Mertxe Aizpurúa y Gorkz Elejabarrieta con Sánchez.
Después vino la tan criticada fotografía, algo que, para los independentistas vascos, ya es un “hito”.
Extenso fue, en cambio, el acuerdo con el PNV, aunque, podría decirse que rápido, apenas tres días después del de Junts.
Así, los nacionalistas vascos de Andoni Ortuzar y Aitor Esteban reclaman negociar “de buena fe” el reconocimiento nacional de Euskadi.
Además, sacarlo “adelante” en un año y medio, así como la salvaguarda de las competencias vascas y un sistema basado en la bilateralidad Euskadi-España. También, el respeto a los derechos forales de los territorios vascos.
Especial hincapié hicieron los jeltzales en el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika de 1979. Dan de plazo “improrrogable” dos años y quieren el compromiso de “un mayor ejercicio del autogobierno”.
Por otra parte, el PNV insiste en completar las transferencias de competencias pendientes, de acuerdo con lo acordado en la anterior legislatura.
Entre ellas, la gestión de la Seguridad Social, aunque su concreción tendrá que negociarse en esos mismos dos años.
De igual modo, reformar el Estatuto de los Trabajadores para que prevalezcan los convenios colectivos autonómicos en la región frente a los estatales.
También, el refuerzo y ampliación del Concierto Económico con la concertación de impuestos y fijar límites de deuda en la Comisión del Concierto. Igualmente, en la del Convenio navarro.
Para terminar, los nacionalistas vascos reclaman la ampliación de las competencias de la Ertzaintza. De este modo, se extenderán a las infraestructuras críticas del Puerto de Bilbao.
Además, a la investigación y persecución de delitos contra el medioambiente y en materia de ciberseguridad.
Gallegos y canarios
Por su parte, el único diputado del BNG votará a favor de la investidura de Sánchez a cambio de que se condone la deuda gallega en un 20%. Actualmente asciende a 12.333 millones de euros.
Las autopistas AP-9 y AP-53 estuvieron presentes en la negociación, para que se rebajen los precios. También reclaman la implantación de trenes de Cercanía entre A Coruña-Ferrol y Vigo-Pontevedra.
Para acabar por su lado, más juzgados de violencia de género y mejoras en las pensiones.
La última formación en cerrar un acuerdo para la investidura y posterior estabilidad de legislatura fue Coalición Canaria. Así, el voto de la diputada Cristina Valido será de apoyo al candidato socialista a cambio de dos grandes bloques.
De un lado, la transferencia de los 100 millones de euros que se presupuestaron en 2023 para el Plan de Recuperación de La Palma antes de que finalice el ejercicio presupuestario.
Por otro, los socialistas suscribirán la llamada ‘Agenda Canaria’. Con ello, se comprometen al respeto íntegro de los fueros canarios, así como a la plena ejecución de los convenios bilaterales.
También, lo de política solidara en gestión migratoria. Igualmente, transferencias de competencias del Estatuto de Autonomía y aplicar medidas compensatorias por lejanía, insularidad y cohesión social y económica.