Un requerimiento va a ser enviado por el Gobierno a la Mesa del Parlament por haber impulsado y aprobado resoluciones ilegales y políticas que profundizan la “fractura” social en Cataluña.
Lo ha anunciado Pedro Sánchez, jefe del Ejecutivo en funciones, en una entrevista en la Cadena SER. Anticipó que se van a impugnar las resoluciones aprobadas por la mayoría parlamentaria de la Cámara catalana para que la Guardia Civil salga de territorio de Cataluña, una respuesta institucional a la sentencia del procés y otra por la amnistía y la autodeterminación.
Así, Sánchez ha reconocido que son graves las palabras de Quim Torra, presidente de la Generalitat, “amparando” algunas de las actuaciones de miembros de los CDR que terminaron con la detención de nueve personas y el envío a prisión preventiva sin fianza de siete de ellos. “Esto nos ha parecido grave. No amenazamos, advertimos”, dijo.
No es intención del Gobierno, indicó, llegar al “extremo” de aplicar el artículo 155 en Cataluña, pero, advirtió, que, si se ve obligado a ello, no será “ningún problema” que el Ejecutivo esté en funciones. Aviso a navegantes.
“No somos un Gobierno que quiera exagerar la situación ni echar más gasolina al fuego”, explicó el presidente. En cambio, si tiene que tomar medidas extraordinarias en las próximas semanas o meses, el Ejecutivo, para aplicar el principio de “firmeza democrática”, tratará de encontrar el consenso y la “unidad” de los partidos, garantizando que la respuesta sea proporcional a los hechos que han provocado adoptar dichas medidas.
Sánchez quiso también responder a la propuesta de Pablo Casado, líder del PP, para aplicar la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña, de forma que los Mossos d’Esquadra dependan directamente del Ministerio del Interior.
En ese sentido, aseguró que tenía plena confianza en la policía autonómica. A su juicio, la “coordinación técnica” de los Mossos con Policía Nacional, Guardia Civil y Delegación del Gobierno es “extraordinariamente positiva”.
Un requerimiento sería válido ante error o extralimitación de competencias, frente a los reincidentes desmanes del Parlament, intencionados y con objetivos públicamente declarados es una tomadura de pelo para los ciudadanos cumplidores de las leyes.