Este jueves, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha opuesto a la renovación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado.
A juicio de 8 de los 16 miembros del órgano de gobierno de los jueces, el actual fiscal general no es idóneo para el cargo.
Sin embargo, esta resolución contrasta con la adoptada por el propio CGPJ en julio de 2022 tras la renuncia de Dolores Delgado. Entonces, 12 magistrados consideraron idóneo a García Ortiz frente a 7 que se opusieron.
No obstante, era previsible que sucediera ahora así ya que sólo hay 16 vocales, alcanzándose la mayoría con nueve votos.
Así, los siete que en 2022 se opusieron siguen en el cargo, por lo que sólo necesitaban dos para no validar la renovación del fiscal general.
En todo caso, no hizo falta alcanzar los nueve porque hubo una abstención, por lo que sólo necesitaron ocho votos en contra.
Precisamente, todos del bloque conservador. Es decir, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, José María Macías, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero, Wenceslao Olea y Carmen Llombart.
En cambio, fueron favorables a renovar a García Ortiz los cinco vocales progresistas: Roser Bach, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda, Álvaro Cuesta y Mar Cabrejas. También, Juan Martínez Moya y Vicente Guilarte, ambos conservadores.
La abstención vino de la mano de Enrique Lucas porque su hermano, el juez Pablo Lucas, ha sido quien dictó sentencia del Tribunal Supremo anulando el ascenso de Delgado a fiscal de Sala. Apreció desviación de poder del fiscal general.
Nunca antes el CGPJ se ha opuesto
Además, García Ortiz no se ha pronunciado acerca de la ley de amnistía y el llamado lawfare, lo que no ha ayudado a su favor.
Lo insólito de la situación es que se trata de la primera vez que el CGPJ se opone a un fiscal general nombrado por el Gobierno.
En todo caso, esta oposición no impide su nombramiento. De acuerdo con la ley, sólo establece que tan sólo se “oiga” al órgano de gobierno de los jueces.
Así, según el artículo 20 de la norma que regula el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, al fiscal general del Estado lo nombra el Rey a propuesta del Ejecutivo una vez oído el CGPJ y haber sido elegido “entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión”.
Una vez que el Gobierno ha recibido el informe del Consejo, debe comunicarse la propuesta al Congreso y comparecerá ante la comisión correspondiente.
De este modo, los diputados pueden “valorar los méritos e idoneidad del candidato”.