Isabel Díaz Ayuso, la presidente de la Comunidad de Madrid, ha destituido a Rafael Prieto, hasta ayer vicepresidente ejecutivo del Canal de Isabel II. El Gobierno madrileño confirma la destitución y la sitúa entre “los cambios que se están haciendo en esta nueva etapa que impulsa” la empresa suministradora de agua.
“Esos cambios se iniciaron en septiembre del año pasado incorporando perfiles profesionales con conocimiento del sector”, afirman.
Sin embargo, no hay que olvidar que Prieto investigó las supuestas irregularidades cometidas, presuntamente, por Ignacio González en esta empresa pública cuando la presidía.
A Prieto no lo nombró Ayuso
El ahora destituido vicepresidente del Canal de Isabel II llegó a su cargo a principios de 2016 como director general, nombrado no por Ayuso. Lo designó Ángel Garrido, que entonces era consejero de Presidencia y presidente del Canal. Garrido ahora es miembro de Ciudadanos.
El propio Ignacio Aguado, vicepresidente de Madrid, dijo que sería el nuevo consejero delegado de Metro de Madrid, pero aquel ‘nombramiento’ nunca se materializó.
Prieto desempeñó distintas responsabilidades en el grupo automovilístico PSA Peugeot Citroën durante 26 años.
Investigó las supuestas irregularidades por orden de Cifuentes
Así, durante el mandato de Cristina Cifuentes, la ex presidente madrileña, Prieto investigó, por orden de ella, las supuestas irregularidades mencionadas.
El extenso informe que presentó a la jefa del Ejecutivo regional evidenciaba esas supuesta irregularidades en la compra, por parte del Canal, de la empresa brasileña Emissao. Dicho informe fue enviado a la Fiscalía y quedó incorporado a la investigación del caso Lezo.
Posteriormente, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, decidió imputar a González por la compra de la sociedad brasileña. Se habría inflado el precio.
De esto hace un año, cumpliéndose la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción que acusa al también ex presidente de Madrid de haberse embolsado 1,6 millones de euros de comisión por aquella operación. Pide para González ocho años de prisión por malversación.