Ocho años de cárcel y 19 años de inhabilitación, es lo que solicita la Fiscalía Anticorrupción a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, por delitos de fraude a la administración y por malversación de dinero público como consecuencia de la compra de Emissao, empresa brasileña, utilizando fondos públicos del Canal de Isabel II, además del presunto reparto de las comisiones derivadas de la operación de dicha compra.
Este miércoles ha sido presentado por el Ministerio Público el escrito de acusación donde señala que el proceso de compra de la empresa brasileña se hizo mediante las sociedades Canal Extensia e Inassa entre 2012 y 2014 y estuvo “plagada de ilicitudes”, puesto que supuso “una salida indebida de fondos públicos” de la Comunidad de Madrid valorado en un importe de 6,8 y 9,7 millones de euros, por el “sobreprecio pagado en su adquisión”.
Según Anticorrupción, todo aquello fue un “plan ideado” por González; por Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa (sociedad con la que se realizaba la política de expansión internacional del Canal); Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta; Diego García Arias, ex gerente de Inassa; y Ramón Navarro, exdirector de otra filial del Canal.
Con el fin de lograr la compra, habrían necesitado de la “colaboración esencial” de Sebastiao Cristovam, dueño de Emissao, el cual subió el precio de venta con el fin de “facilitar el reparto de los fondos públicos”, recoge el escrito.
Debido a ello, Anticorrupción pide además siete años de cárcel y 16 de inhabilitación para Rodríguez Sobrino y Moro; seis años y medio prisión para Cristovam y dos años de cárcel para García Arias y Navarro.
María Fernanda Richmond, exdirectora del Canal, está también acusada por la Fiscalía puesto que considera que “conocía todas las circunstancias” en las que se realizó la compra y las “ocultó deliberadamente” al resto de los miembros del Consejo de Administración “a fin de conseguir que éstos votaran favorablemente, como así hicieron”. Para ella se solicitan cinco años de cárcel por malversación de caudales públicos.