Nuevo intento de judicialización de la política por parte de Vox. Macarena Olona, diputada de la formación de ultraderecha, ha anunciado que su partido se querella contra todo. Lo hará contra Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad, y contra María Gámez, directora general de la Guardia Civil.
Buscando algunos minutos de atención, la extrema derecha de Santiago Abascal ha decidido que se querella contra todo. Sólo le falta querellarse contra sí misma. Ahora lo hace por las llamadas que, según dicen, Pérez y Gámez hicieron el domingo al coronel Diego Pérez de los Cobos, ex jefe de la Comandancia del Instituto Armado de Madrid. El coronel fue destituido por Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.
Según argumenta, se ha presentado en los juzgados de instrucción de Madrid para interponer la querella por unos supuestos delitos de obstrucción a la justicia, represalias y prevaricación. Según Vox, éstos quedan recogidos en los artículos 464 y 404 del Código Penal.
El ministro ha reaccionado defendiendo a los miembros de su equipo, calificándolos como “excelentes profesionales”. Lo hizo después de que Vox vaticinara que “va a caer por sus subordinados”. Hacía alusión, la ultraderecha, a las presuntas injerencias con el objetivo de conocer el informe de la Guardia Civil.
La Benemérita investigó la supuesta relación de la expansión del coronavirus con la manifestación del 8M. Marlaska niega dicha injerencia. Carmen Rodríguez-Medel, titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ordenó esa investigación.
La querella deja clara la “relación entre la destitución del coronel de la Guardia Civil y la emisión del informe”. Además, se investigaba la posible responsabilidad de José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, por autorizar dicha manifestación.
La formación de Abascal sigue en su campaña de querella contra todo
Vox señala que no dan “credibilidad a las declaraciones del ministro del Interior, quien atribuyó el cese del coronel Pérez de los Cobos a una ‘pérdida de confianza’”.
La formación de Abascal sostiene sus argumentos en algunas publicaciones aparecidas en medios de comunicación, y las aportan. Éstas señalarían que el contenido del informe fue “el detonante de la destitución”.
Además, aseguran que el informe pone de manifiesto que “los datos que manejaba el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, y por ende el ministro Salvador Illa, de los que el delegado del Gobierno en Madrid tuvo conocimiento, le pusieron en aviso sobre la gravedad de la crisis, al menos, días antes de las manifestaciones en Madrid”.
Dichos datos “fueron ocultados en relación con las convocatorias previstas para el día 8 de marzo”, añaden. Asimismo, defienden que “la relación entre el cese del coronel Pérez de los Cobos y las publicaciones que indican que éste se habría negado a dar información sobre la misión otorgada por la juez, al ser telefoneado por un alto cargo de Interior para solicitarle información sobre las diligencias que estaba realizando, supone una grave infracción de normas de actuación de la Guardia Civil en sus funciones como policía judicial”.
Por otra parte, el partido de extrema derecha pide que el informe referido en los medios de comunicación se contraste con el presentado ante la juez. Todo ello para verificar su autenticidad.
Por último, apuntan a que si se prueba que la destitución de Pérez de los Cobos fue “por el informe y/o por negarse a dar información sobre el mismo, la destitución deberá» declarase “nula por arbitraria y los querellados, condenados”.