El Acuerdo de 31 de diciembre último logrado entre nuestra Ministra de Exteriores Arancha González- Laya y el de Reino Unido Dominic Raab –con asistencia de una representación “picardiana” – atinente al régimen que – si no impugnado en los próximos seis meses- regirá el status de la Roca, alcanza unas metas antaño impensables, probablemente nacidas del cansancio británico al respecto, la delegación total comunitaria en las Autoridades españolas y el firme y hábil uso por las mismas de tales “plenos poderes”.
Veamos, muy por encima:
Autonomía prescriptiva gibraltareña para sus residentes y admisión a nuevos, pero obligada sujeción a standars españoles y de la UE, con posibilidad de veto español al efecto; aplicación del régimen Schengen en cuanto a devolución y asilo, así como el también régimen de Cooperación judicial y policial de la UE –todo ello a administrar, desde el lado comunitario, por las Autoridades españolas, cuyos Consulados podrán expedir motu proprio visados de corta duración a terceros, conforme a Schengen si por más de 90 días-; una unión aduanera conforme con la propia de la UE (hasta ahora excluida), en evitación de “distorsiones del mercado interior, especialmente en la economía de la región”; igualdad de trato y seguridad social común a trabajadores transfronterizos e inclusive dedicación de Fondos de Cohesión también comunitarios para mejor funcionamiento del mecanismo; rule of Law en su modalidad arbitral que para eventuales conflictos ha previsto el Acuerdo definitivo brexiano, etc.-
Y lo, no por simbólico, menos real y eficaz: “El Acuerdo contendrá disposiciones (…) para la eliminación del control de movimientos entre Gibraltar y el área Schengen” (de cuya aplicación se encargará España, Reino Unido out), “removiendo todas las barreras físicas”. Y el documento insiste: “Eliminar las barreras físicas entre España y Gibraltar requerirá reforzar la armonización (pero) los trámites no deberían implicar una excesiva carga administrativa”.
Valla, pues, a eliminar. Nada donde y con quien papelear, explicar y, caso frustrado, volver por dónde has venido.
Menos aún, tentación de saltar, con riesgo de caída cuando no de garrotazo o, peor, herida de bala.
A todo eso se expuso el pacifista español Gonzalo Arias Bonet quien, desafiando el ominoso cierre fronterizo impuesto por el franquismo en 1.969, saltó aquella cutre verja (fotografía adjunta), volvió por su pie e, instalado en terreno próximo (“casatuya”, cerca de La Línea), durante años defendió la convivencia entre “llanitos” y españoles o –según su un tanto exagerada terminología- “gibraltareños” y “gibraltarófagos”.
Campaña que le ocasionó detenciones, multas, exilio, al fin y al cabo pecatta minuta para quién, años antes, había sufrido largos periodos de cárcel por ser el “encartelado” que en las calles de Madrid reclamaba a Franco elecciones libres, y allí detenido por los Grises entre las muestras de protesta de los –no voy a decir miles, sí cientos- de conciudadanos que le apoyábamos y a quiénes también nos cayó algún zurriagazo.
Sería, pues, muy justo que hoy, devuelto en gran parte a la razón el llamado problema de Gibraltar, recordemos a precursores que como Gonzalo Arias, propugnaron la política de negociación, entendimiento y acuerdo y, en concreto, no sólo el rechazo de cierres a lo franquista, también la definitiva “demolición de las barreras físicas” (y mentales).
No sobraría que La Línea de la Concepción, Municipio tan favorecido por el reciente Acuerdo, dedique la denominación de una calle o plaza al difunto Gonzalo Arias Bonet (1926-2008), como homenaje a su persona y a su largo empeño de acción no-violenta.