Cada comunidad autónoma debe decidir lo que es y no es actividad esencial. Eso ha manifestado Iñigo Urkullu, lehendakari del País Vasco, pidiendo que sea cada autonomía la que, en su ámbito y territorio, decida. Concretando cuáles son las empresas auxiliares y necesarias para realizar actividades, “crítica, previo conocimiento del Gobierno español”.
Urkullu realizó esta petición por carta a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, el sábado. Una vez que se anunciase la decisión de paralizar la actividades no esenciales para frenar al coronavirus.
La pretensión de Urkullu es que, antes de que se redacte definitivamente el Decreto en el Consejo de Ministros de hoy, su petición se recoja. De este modo, cada comunidad autónoma, en su ámbito de actuación, determinaría cuál es la actividad esencial que no se puede suspender.
Solicita que se tenga en cuenta la especificidad de cada economía en su territorio y la incidencia del PIB. De igual modo, analizar las consecuencias que producirán las medidas que se tomen, permitiendo solo actividades esenciales. Consecuencias que vendrán una vez finalice el Decreto de Estado de Alarma.
El lehendakari pide definir bien qué es actividad esencial
Además de ello, exhorta a que se estudie la “dificultad que supondría de interpretación de una medida generalizada que afectare incluso a empresas que están colaborando en la fabricación de material sanitario, incluso por impulso de las diversas Administraciones públicas”. Añadiendo que la adopción de esta medida “no clara podría suponer a la cadena de valor de sectores básicos como el de la alimentación”.
También pide que se valoren los datos que han supuesto una bajada en la movilidad. Ya que ello, añadiría la “dificultad que supondría en la competitividad de sectores que ven que empresas de su ámbito en otros países mantienen abierta su actividad, además de la dificultad operativa de puesta en práctica del Decreto anunciado un sábado por la tarde para toda actividad, que se ve reflejada en el mismo a partir del lunes tras el fin de semana”.
“Atendiendo los criterios fundamentados en la Salud Pública según directrices de las autoridades sanitarias en las que también todas las Comunidades Autónomas nos basamos, será cada Comunidad Autónoma en su ámbito de Diálogo Social la que desde la especificidad del Territorio podrá concretar actividades y empresas que son auxiliares y necesarias para la actividad crítica previo conocimiento del Gobierno español”, ha propuesto. En la línea de considerar qué es actividad esencial y qué no.