Gonzalo González Carrascal · @Gonzalo_Glezcar.
El levantamiento de su obligatoriedad parece obrar, nuevamente, el milagro de alumbrar la esperanza de dar por superada la calamitosa situación de salud pública arrastrada durante el último bienio. Puede ser. Ya se verá. Por lo pronto, la promesa de las sonrisas ocultas tras suurdimbre quirúrgica parece ensombrecerse al surgir, tejidaa través de lazos oficiosos de relación, la dinámica de contratación institucional llevada a cabo para su consecución durante los primeros coletazos de la pandemia.
Al considerar en retrospectiva la funesta emergencia pública sobrevenida, resulta comprensible la avalancha de posibles ofertas que pudieron ser referidas a las autoridades con el propósito de dar respuesta a las evidentes carencias dotacionales. Sin embargo, resulta esencial entender la dinámica que llevó a aquéllas que fueron elegidas a serlo respecto a las demás. La mecánica de elección. Su principio discriminador.Y de primacía.
Pues ante la crisis desatada el sistema tuvo la peor respuesta posible. Su inerme disposición ante el desesperante desastre dejó en abiertotoda la circuitería de salvaguardas ínsitas a su diseño, dando lugarcomo solución al único recurso inadmisible en el ámbito público. La arbitrariedad. Puerta abierta a la desconfianzasocial frente a la decisión tomada, la gestión realizada, el beneficio inducido sobre cualquier particular.
Sorteadala higiénica cautela de todo cauce reglamentado, las consecuencias de la voladura de los mecanismos que median la relación entre los sujetos con sus instituciones no pueden tardar en evidenciarse. A partir de ese instante, quebrado el plano de equidistancia, cualquier error personal, veleidad individual o interés privado quedará confundido con la dinámica pública. Tiznándola reputacionalmente ante la parcialidad funcional mostrada.
De este modo, el acceso al umbral institucional aparece mancilladopor la sombra de lasospecha del cernimiento de una suerte de red ocedazo. Unidos sus nodos por el principio relacional del interés,sus integrantes –mimetizados sus movimientos con la maraña de la actividad maquínica del sistema- acabarían por consolidar el privilegio asentadoen la superioridadimpuestasobre la condición del hombre común. El ciudadano.Y el resquebrajamiento del principio constituyente de igualdad entre todos los españoles.
La confianza pública es la base de la que dimana la permanencia del poder efectivo y simbólico de todas nuestras magistraturas. Ejercidas temporalmente, su naturaleza trasciende la durabilidad y alcance de cualquier sujeto o partido concreto que las llegue a encarnar. Por ello, la menorsombra de mediación algunaen el desenvolvimiento irregular de cualquier evento supone infligir un daño inadmisible al orden común.
El ejercicio del poder implica no sólo la responsabilidad de salvaguardar el correctofuncionamiento orgánico del aparato social ante cualquier suceso emergente, sino también su buen nombre y apariencia. El mandato de permanencia de un diseño claro y solvente desempeñado sin embozo alguno. Con el rostro siempre al descubierto.