La sentencia del Tribunal Supremo sobre la exhumación de los restos de Franco es clara: el Gobierno no precisa de la autorización de la Iglesia para entrar en la Basílica y acometer los trabajos para extraer la momia del dictador y trasladarla al cementerio de El Pardo-Mingorrubio.
A pesar de ello, Santiago Cantera, prior del Valle de los Caídos, envió ayer una carta a Carmen Calvo, la vicepresidente del Ejecutivo en funciones, en la que niega la autorización de acceso a la Basílica, en un intento más de este clérigo para impedir la exhumación de Franco.
Su Abadía “no autoriza el acceso a la Basílica (lugar de culto) con la finalidad de acceder a una res sacra (sepultura)”, dice la misiva. Todo ello a pesar de que la Santa Sede ya manifestó que no interferirá en un proceso aprobado por el Gobierno y avalado por el Parlamento y, más allá, por el Supremo.
Esta insistente negativa, como un martillo pilón, es coincidente con la aclaración que el alto tribunal ha hecho de que la Iglesia no puede prohibir en ningún caso lo que ha decidido el Ejecutivo.
Es más, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con su aclaración, echaba por tierra el último intento de la familia Franco para retrasar la exhumación. Respondía en un auto a la pregunta de si el Gobierno necesitaba autorización de la Iglesia, y, si era así, de quién, además de que si dicho permiso podía ser sustituido por una autorización judicial y de qué instancia.
Ya en la sentencia de la semana pasada, el Supremo señalaba que el Valle de los Caídos es un bien de titularidad pública estatal integrado en el Patrimonio Nacional. Otra cosa es que se hubiera confiado su administración a la comunidad benedictina.
El Ejecutivo, según la resolución, necesita autorización eclesiástica, pero en ningún caso la Iglesia puede oponerse y vetar la entrada al Gobierno. También recuerda que la negativa de Cantera estaba “condicionada” a lo que sentenciaran los magistrados del alto tribunal. Blanco y en botella.
“La sentencia es clara”, se asegura en el auto de ayer y, en consecuencia, la resolución de la semana pasada “tiene por decaída esa denegación” del clérigo de la abadía.
Asimismo, el Supremo advierte de que ningún órgano judicial que no sea la Sala de lo Contencioso del tribunal puede conocer y decidir sobre las actuaciones del Consejo de Ministros ni de la ejecución de la sentencia dictada por el Supremo.
Un aviso a navegantes, más bien al juez José Yusty, que mantiene paralizada la licencia urbanística, aunque de poco le va a servir, toda vez que el Supremo ya dictaminó que el Gobierno no necesita dicha licencia.
Este vanidoso y prepotente abad, parece que se ha olvidado de las palabras del Señor Jesucristo que dijo: «Dad a Dios lo que es de Dios y al Cesar lo que es del Cesar». El orgullo y la vanidad de este hombre no acata la decisión del gobierno de la nación, refrendada por el Tribunal Supremo, e incluso de una manera tácita, del propio Vaticano.
¿Alguién imagina a un claustro de profesores apropiarse de su centro de trabajo? ¿a un cirujano considerarse dueño del quirófano?
Hemos alimentado ogros que se rebelan contra el Estado.
Sin las rapiñas consentidas a los «franco» ¿presentarían tantos pleitos?
Las creencias son privadas entonces ¿por qué sufragarlas con dinero público?