Torrent denuncia al magistrado Llarena por vulnerar los derechos de los diputados en prisión

Otros tres magistrados de la sala de apelaciones del Tribunal Supremo se incluyen en la misma.
En la mañana de ayer, Roger Torrent, presidente del Parlament, interpuso una denuncia contra el juez, Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, y contra otros tres magistrados de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo por supuestos delitos contra los derechos fundamentales de los diputados encarcelados y en el extranjero, detención ilegal, obstrucción al funcionamiento de la cámara y prevaricación judicial.
La denuncia, dirigida a la Sala Segunda del alto tribunal, considera que se están cometiendo delitos contra los derechos fundamentales de los políticos secesionistas al mantenerlos en prisión preventiva y argumenta que dichos parlamentarios gozan de inmunidad y deberían haber sido puestos en libertad cuando fueron elegidos el 21 de diciembre en las elecciones autonómicas catalanas.
En la denuncia se entiende que mantener encarcelados a los políticos es un “ataque contra la división de poderes, el autogobierno y la autonomía parlamentaria” porque el Parlament tiene autonomía organizativa e inviolabilidad de sus funciones, entre ellas, investir al presidente de la Generalitat sin interferencias de otro organismo.
Torrent sostiene que “la limitación de los derechos de los diputados no violenta únicamente sus derechos subjetivos, y constituye un ataque contra la institución que presido, sino también contra los derechos de todo el pueblo de Cataluña, que ha visto limitados sus derechos de representación política al no permitirse a los elegidos ejercer su mandato parlamentario”.
La denuncia se articula en función de un supuesto delito de detención ilegal del artículo 167 o del 530 del Código Penal, así como quebrantamiento de la inviolabilidad de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma del artículo 499 y 500, un delito de impedir el ejercicio de los derechos cívicos del artículo 542 y prevaricación judicial, artículo 446.
Dirigida contra Pablo Llarena, Miguel colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro, les acusa de alterar “la garantía de imparcialidad e independencia judicial como paso previo a irrogar un tratamiento judicial desfavorable para con los diputados del Parlament”, por lo que se vulneran sus derechos procesales y fundamentales mediante planteamientos extraprocesales.
En la denuncia, también se sostiene que algunos razonamientos de los jueces son “indiciariamente reveladores de una conciencia de antijuridicidad, al introducir valoraciones extra jurídicas y claramente políticas”, y pone el ejemplo de la interpretación del desasosiego que, según los jueces, sentiría más de la mitad de la población catalana y la práctica totalidad de la población española.
Torrent defiende que los cuatro candidatos que se postularon para ser investidos tenían sus derechos políticos intactos ya que “todos ellos se habían podido presentar a las elecciones al Parlament el 21 de diciembre de 2017, y habían adquirido la plena condición de diputado”. Finalmente, respecto a la investidura de Puigdemont acusa a Pablo Llarena de actuar de forma “arbitraria y abusiva porque utilizó las herramientas procesales a su alcance, atendiendo únicamente a criterios de carácter discrecional”, retirando y activando las euro órdenes de detención en función del contexto.