Había dejado la decisión en manos de los consellers, pero finalmente la tomó él.
Elsa Artadi, portavoz del Govern, anunció ayer que Quim Torra, presidente de la Generalitat, mantendrá la pancarta de apoyo a los dirigentes independentistas en prisión preventiva y el lazo amarillo en el Palau de la Generalitat y las consejerias. La decisión, finalmente, ha sido tomada por el propio president, que podría incurrir en responsabilidades penales. Su argumento es: “Preservar la libertad de expresión”.
El presidente de la Generalitat ha solicitado un informe del defensor del pueblo catalán acerca de retirar los lazos y ha señalado que obedecerá sus indicaciones. “El president acatará lo que diga el Síndic”, destacó Artadi. A su vez, presentará, mediante sus servicios jurídicos, nuevas alegaciones a la Junta Electoral Central, JEC.
La JEC ordenó a Torra retirar la simbología independentista de los edificios públicos, desestimando las alegaciones en una resolución en la que daba un nuevo plazo de 24 horas para cumplir el mandato. Si no se descuelga el lazo y se retiran dichos emblemas, el president podría incurrir en responsabilidades penales que derivarían en su inhabilitación, como ya ocurrió con Artur Mas y sus consejeras Irene Rigau y Joana Ortega, así como con Montse Venturós, alcaldesa de la CUP en Berga.
En su resolución, desestima la petición de Torra porque en su solicitud “ni se identifican tales edificios ni se ofrecen las razones jurídicas que sean demostrativas de la imposibilidad del señor presidente de la Generalitat de ejercer sobre aquello que le fue ordenado”. El plazo expiró a las 18:00 horas de ayer.
Según informó en la tarde de ayer la Delegación del Gobierno en Cataluña a la Junta Electoral Central, los lazos amarillos se mantienen en el Palau de la Generalitat y en las consejerías de Gobernación, Cultura, Territorio, Empresa, Interior, Economía, Agricultura y Salud. Se han hecho fotografías de los lugares donde se mantienen los emblemas independentistas. Ante esto, la JEC puede remitir los hechos a la Fiscalía o que el cuerpo de seguridad competente, es decir, los Mossos d’Esquadra, reciba la orden de “cumplimiento de su instrucción de retirar los lazos”, señala el Ejecutivo.