Si Roger Torrent, presidente del Parlament, ignora las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC), puede incurrir en responsabilidades, incluso penales. Es la tercera advertencia que el tribunal de garantías ha vuelto a hacer al político catalán después de admitir a trámite los tres últimos incidentes de ejecución de sentencia interpuestos por el Gobierno.
En concreto, contra el acuerdo de la Mesa en que se insiste en debatir acerca del derecho de autodeterminación, la soberanía del pueblo de Cataluña y la reprobación al rey Felipe VI.
La resolución del TC llega después del Pleno extraordinario convocado de urgencia este martes para analizar la admisión o no a trámite de los recursos del Gabinete de Pedro Sánchez que se acordaron el pasado jueves en contra de la admisión por parte de la Mesa del Parlament de una propuesta conjunta de JxCat, ERC y la CUP para rechazar la sentencia del procés –en la sesión del 22 de octubre- y el rechazo del 29 de octubre de las solicitudes de reconsideración presentadas por el PSC, Cs y el PP.
Apoyándose en el artículo 161.2 de la Constitución, el TC deja en suspenso la vigencia del apartado 11 de la propuesta de resolución impugnada, que señala que la Cámara catalana “reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados y diputadas… la reprobación de la Monarquía, la defensa del derecho de autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político”.
Según el Gobierno, estos acuerdos incumplen sentencias del Constitucional de 2015, 2018 y 2019 que tienen que ver con la independencia de Cataluña y la Monarquía. Además, recuerdo el Ejecutivo, hay otros dos autos del tribunal de garantías –notificados el 10 y el 16 de octubre- en los que ya se advierte a Torrent y a cada miembro de la Mesa, además de a Quim Torra, presidente de la Generalitat, que tienen el deber de impedir cualquier actuación suspendida o anulada por el Constitucional.
En esas providencias, el tribunal ya alertaba después de admitir otros dos incidentes de ejecución interpuestos por el Gobierno contra sendas resoluciones de la Cámara catalana acerca de la “propuestas para la Cataluña real” –de 25 de julio- y acerca de la “orientación política general del Govern” –de 26 de septiembre-.
En ellas, se reafirmaba el derecho de autodeterminación, la independencia de Cataluña y la reprobación al Rey. El TC dejó en suspenso algunos incisos en los que quedaban de manifiesto dichos compromisos del Parlament.
Esta nueva, la tercera, advertencia insiste en que tanto el presidente de la Mesa como cada uno de los miembros del órgano de gobierno de la Cámara catalana tienen la “obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”.
En dos días, el Parlament deberá remitir al Constitucional las actas de las sesiones de la Mesa de los días 22 y 29 de octubre y los informes y documentos relacionados con los acuerdos adoptados, además de la resolución acerca de la solicitud de reconsideración de los grupos parlamentarios.
Una vez recibidos, el tribunal de garantías dará traslado a la Fiscalía y al Parlamento catalán para que aporten las alegaciones que consideren oportunas.
El Ejecutivo central expone que la Cámara de Cataluña incumple la sentencia del TC dictada en diciembre de 2015 por la que se declara inconstitucional la Resolución 1/XI del Parlament de 9 de noviembre de 2015 “sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales de 27 de septiembre de 2015”.
A su vez, la del 13 de diciembre de 2018 también es incumplida. En ella, se declaran nulos e inconstitucionales tres apartados de la Moción 5/XII del Parlament, de 5 de julio de 2018, “sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional” en la que se reiteraba en la independencia.
Finalmente, De acuerdo con lo expuesto por el Gobierno, la tercera resolución incumplida sería la dictada el 17 de julio declarando inconstitucional dos epígrafes de la Resolución 92/XII del Parlament, de 11 de octubre de 2018, de priorización de la agenda social y la recuperación de la convivencia, acordando la reprobación al rey Felipe VI.
Estos Independentistas en su frustración por no conseguir lo que quieren, desafían al Tribunal Constitucional, se envalentonan porque el TC no está actuando sobre ellos, sobre todo con Torrent que está permitiendo barbaridades impensables e irrealizables dentro del marco constitucional. Ya es hora de que la Fiscalía intervenga y que el TC ponga en su sitio al insolente y bravucón Torrent, que no respeta ni acata las leyes españolas. ! Ya está bien de permisividades a los Independentistas,de incumplimientos a lo que dicta el TC ! ¿ Qué está esperando Torrent,que se produzca una acción penal por parte de la Fiscalía y del TC, para mostrarse como mártir de la antidemocrática, para él, Justicia Española? Este Torrent es otro loco de atar como todos los Independentistas que muestran su frustración, desoyendo, desacatando las advertencias que les hace el TC, institución que para ellos no existe, solo existe lo que dicta el Parlament, los Independentistas a las demás instituciones españolas las ignoran. Ellos quieren marcar sus propias leyes, saltándose las leyes Españolas.¡ Qué sigan con las andadas pues les van costar caras !