Las autoridades suizas no se fían mucho de la investigación que el juez Manuel García Castellón está llevando a cabo sobre Marta Rovira, secretaria general de ERC, y su posible implicación en supuestos delitos de terrorismo en el marco del caso ‘Tsunami’.
Así, la Oficina Federal de Justicia de Suiza envió en diciembre una carta solicitando más información acerca de los indicios por terrorismo contra Rovira.
Asimismo, sobre la afectación de la futura Ley de Amnistía respecto a los miembros de Tsunami Democrátic y “varios separatistas catalanes”.
De este modo, explican, deben decidir antes de conceder el auxilio al juez si hay un carácter político en la diligencia rogatoria.
Entretanto, suspenden dicho auxilio y no aportarán la localización de la dirigente independentista ni información bancaria relacionada con la plataforma investigada.
En la misiva, las autoridades helvéticas señalan que “sería conveniente, entre otras cosas cuestiones, que nos explicaran las posibles consecuencias de esta ley sobre los procedimientos iniciados contra los miembros de la plataforma Tsunami Democràtic, así como contra la señora Rovira, cuya pertenencia a dicha plataforma no está clara”.
Cabe recordar que Rovira se encuentra huida en Suiza desde marzo de 2018. Además, el contenido de la comisión rogatoria que pidió el juez García Castellón es muy parecido al de otra de diciembre de 2019 respecto a Tsunami.
Entonces, Suiza denegó la asistencia al considerar que el procedimiento tenía “un carácter político preponderante”.
El convenio europeo, apuntaron, dispone que, “si la solicitud se refiere a infracciones consideradas por la parte requerida como infracciones políticas o como infracciones relacionadas con infracciones políticas”, pueden negarse a la asistencia jurídica.
Conocer la localización de Rovira
Ahora, antes de tramitar la diligencia, indican, deben comprobar si “tiene un carácter político”. Si fuera así, no podrían “conceder la asistencia en virtud de la legislación suiza sobre asistencia mutua en materia penal”.
Por tanto, el magistrado debe explicar para qué quiere conocer la localización de la secretaria general de los republicanos catalanes.
Igualmente, por qué lo hace mediante una diligencia rogatoria si podría hacerlo a través de un procedimiento simplificado de cooperación policial.
Al mismo tiempo, la justicia helvética cuestiona por qué se pide información bancaria de la plataforma secesionista hasta junio de 2020.
Sostienen que “los eventos organizados en los respectivos aeropuertos de Barcelona y Madrid que supuestamente debían haber recibido apoyo financiero a través de la citada cuenta habían tenido lugar el 14 de octubre de 2019”. Por tanto, se desprende que carece de sentido extender la petición hasta una fecha muy posterior.
A su vez, “desde el punto de vista del principio de proporcionalidad”, las autoridades suizas quieren “saber la relación exacta entre la señora Rovira, objeto tanto de la investigación penal como de una de las de las medidas de asistencia mutua, y las manifestaciones en los dos aeropuertos mencionados que constituyen los hechos descritos en la comisión rogatoria”.
Para la Justicia helvética es importante saber la implicación de la dirigente independentista en los hechos acontecidos en El Prat y Barajas.
“Más concretamente en las acciones emprendidas contra los funcionarios españoles y saqueos cometidos en este contexto”, detallan.
Ya en 2020 respondieron que, aunque no existiera naturaleza política, sólo podrían colaborar si los supuestos delitos se castigan también en Suiza.
Entonces, explicaron que “las manifestaciones de desobediencia civil contra el poder central español” no se contemplaban como organización criminal ni terrorismo en su legislación.