Ayer de cumplieron 14 años de la destrucción del emblemático edificio madrileño.
Según ha revelado moncloa.com, el ex comisario José Manuel Villarejo se atribuye la destrucción de unos documentos guardados en las oficinas de la auditoría Deloitte en el Windsor y, consecuentemente de la reducción a cenizas del emblemático edificio en la noche del 12 de febrero de 2005.
Dichos documentos podían ser comprometedores para Francisco González, presidente del BBVA. Villarejo anotó en un resumen del trabajo realizado para este banco una “acción final” con la frase “Eliminar rastros documentales de la firma de auditoría DEL.”.
Varias incógnitas rodean al siniestro, desde cómo se originó el incendio, si fue intencionado, si las imágenes grabadas por varios vecinos en las que parecían verse personas dentro del edificio correspondían a reflejos provenientes de la calle, como dictaminó el informe técnico, y por qué había un butrón que daba al garaje.
Entonces, se especuló con que, incluso, pudiera tratarse de un atentado.
También, que detrás había intereses económicos, como los de la familia Reyzábal o, al desaparecer los documentos de Deloitte, los de Francisco González, puesto que esta firma custodiaba el soporte documental con el que se llevó a cabo la auditoría de FG Valores que fue vendida en 1996 a Merrill Lynch.
Precisamente, el día anterior del incendio, la Fiscalía Anticorrupción pidió dichos documentos a la auditora en una investigación que podría poner en aprietos al presidente del BBVA. Algunas semanas después, Deloitte confirmo que los papeles habían sido destruidos por las llamas.
Los investigadores pretendían aclarar si hubo un desfase contable de 757 millones de pesetas, en torno a 4,5 millones de euros. Este elemento podría haber dinamitado a González en pleno ataque de Sacyr para hacerse con el poder en el banco.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, ya había denunciado las supuestas irregularidades en la venta de FG Valores, pero el caso se archivó, siendo la Fiscalía Anticorrupción quien se puso manos a la obra con una investigación que podía desestabilizar la posición del presidente del BBVA.
Por aquel entonces, González ya había contratado a Villarejo, que desplegó un dispositivo con el objeto de controlar comunicaciones telefónicas, hacer seguimientos e intentar extorsionar a aquellos que pudieran ser relevantes en la operación.
Según los documentos, el ex comisario trató acerca de estos trabajos con el jefe de Seguridad del BBVA, Julio Corrochano, que había sido comisario de la Comisaría General de Policía Judicial. Este había dicho a Villarejo que hiciera resúmenes de las acciones llevadas a cabo para presentarlos a Francisco González porque el presidente de la entidad bancaria no tenía tiempo para leer los informes que elaboraba el ex comisario.
En una de estas sinopsis, encabezada con el nombre Proyecto FG, cuando antes se llamaba Proyecto Trampa, y fechada el 26 de febrero de 2005, la “Acción Final” era “eliminar rastros documentales de la firma de auditoría DEL., intento de sustitución de soportes documentales originales, en su defecto eliminación física de los mismos. Si comunicar ni fecha ni procedimiento del sistema operativo para conseguir su destrucción”. Se puede observar una errata y donde dice “Si comunicar…” debe decir “Sin comunicar…”. Este párrafo lleva a pensar que se trataba de un operativo para hacer desaparecer los documentos de Deloitte.
Sin embargo, en una sinopsis posterior, fechada el 30 de marzo, y bajo el encabezamiento, de nuevo, de Proyecto Trampa, ya no se menciona la confesión de la destrucción de documentos y se explica que por motivos de seguridad no todas las acciones quedarían reflejadas, aunque sí certifica que los objetivos se han cumplido “totalmente”: “Esta SINOPSIS no pretende ser del todo exhaustiva, toda vez que PARTE de las ACTUACIONES realizadas y de los DATOS FACILITADOS no se han archivado por vías MEDIDAS DE SEGURIDAD. (Por ello no pueden ahora recogerse exhaustivamente). El objetivo de este proyecto se ha CUMPLIDO TOTALMENTE, por lo que este GIA ya ha FINALIZADO su cometido, no obstante (y por deferencia hacia T) se continuará la labor hasta conseguir el máximo de las nuevas actuaciones solicitadas (por ahora pendientes)”. reza el documento. GIA es Grupo de Inteligencia y Análisis, su equipo de trabajo, y T, Julio Corrochano.
De todo ello se deduce que, si había habido un desfase contable de 757 millones de pesetas, las pruebas estarían en el último “rastro documental” que quedaba de la venta de FG Valores a Merrill Lynch, base sobre la que se llevó a cabo la auditoría de Deloitte.
Coincidencia, o no, al día siguiente de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera los documentos, estos habían desaparecido en el incendio y poco después Sacyr decidió desistir del asalto al poder del BBVA. No había copia de la documentación y solo existía en papel.
El misterio sigue rodeando este siniestro. Nunca se resolvió el origen del mismo pese a que tanto Deloitte como los demás perjudicados insistieron en que se continuará con las pesquisas, ya que había informes periciales que no estaban cerrados, así como imágenes o declaraciones de los empleados de limpieza.
Con todo, el Juzgado de Instrucción 28 de Madrid archivó el caso “al no aparecer debidamente justificada la perpetración de acción penal”. El juez entendió que “la destrucción total de la planta 21 hace del todo imposible desde el punto de vista técnico señalar con exactitud la fuente de calor”.
La revelación de estos documentos hace necesaria la revisión total del suceso que hace 14 años redujo a cenizas el emblemático edificio.