Así tenía previsto en cuanto se produjera la DUI.
Según revela El Confidencial, la Guardia Civil encontró en el despacho de Antoni Molons, secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia, en el Palau de la Generalitat, unas cartas que el Govern de Carles Puigdemont había redactado para comunicar de manera oficial a varios medios nacionales, públicos y privados, que tendrían que someterse a un nuevo proceso de adjudicación de licencias para poder seguir operando en territorio catalán. En concreto, las comunicaciones se dirigían a los presidentes de Atresmedia, Cope, Corporación RTVE, Mediaset, Movistar, Grupo Prisa, Unidad Editorial y Vocento.
El secretario fue detenido el pasado 15 de marzo por su papel directivo en la campaña publicitaria institucional del 1 de octubre y está imputado por malversación de caudales públicos y desobediencia en la causa que el Juzgado número 13 de Barcelona instruye contra el procés. El actual president, Quim Torra, lo ha nombrado secretario de Comunicación y de Medios de Comunicación, contrabando, así la Corporación Catalana de Medios de Comunicación, que incluye TV3 y Catalunya Ràdio.
La misiva que habrían recibido los presidentes de los grandes medios nacionales es concluyente. Comenzaba diciendo que “como bien sabe, Cataluña se ha constituido, por la vía de un proceso democrático, en un nuevo estado de Europa”. “Como titular de servicios de comunicación audiovisual”, continuaba el texto, “que se prestan en Cataluña, le informamos que, para dar seguridad jurídica a todos los prestadores, se mantienen de manera provisional las condiciones respecto a la emisión de estos servicios y al uso del espectro radioeléctrico que estos conllevan”. A continuación se anunciaban los cambios. “Próximamente le informaremos sobre cómo se llevará a cabo el proceso para otorgar de manera definitiva las pertinentes licencias para prestar los servicios de comunicación audiovisual en Cataluña de acuerdo con el marco jurídico que, en su caso, se pueda determinar. Para cualquier duda o consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros”, terminaba.
Carta al Ministro Soria y a Macron
Según el informe de la Guardia Civil, Molons tenía preparadas otras cartas para comunicar la creciente nuevo espectro radioeléctrico a las autoridades españolas e internacionales. Una de ellas se dirigía al entonces ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. “Cataluña dispone ahora de plenas competencias en el ámbito de las telecomunicaciones y los servicios de comunicación audiovisual, y quería expresarle nuestra más sincera voluntad de colaboración entre los dos países en todo aquello que hace referencia a este marco competencial”, rezaba la misiva. A continuación adelantaba al ministro que liquidaría las licencias de emisión en suelo catalán, en términos similares, y en algunos casos exactamente iguales, que la carta dirigida a los presidentes de los medios de comunicación.
Textos parecidos se habrían enviado al Gobierno de España y al entonces ministro de Economía, Industria y Nuevas Tecnologías de Francia, Emmanuel Macron, actual presidente francés. Igualmente, a los máximos responsables de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el Grupo de Reguladores Europeos para los Servicios de Medios Audiovisuales, la Unión Europea de Radiodifusión y el Organismo de los Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas, entidades en las que la Generalitat pretendía tener representación propia. Incluso, Molons disponía en su despacho de estudios sobre “la sucesión en la condición de parte de los tratados multilaterales ratificados por el Reino de España”.
La Guardia Civil indica en su informe que “este proceso de desconexión con la elaboración de estas estrategias no son fruto de operativas de salón, sino que tenían un objetivo real que no era otro que la declaración de independencia y proclamación de un nuevo estado”. “Es, por tanto, lógico e indudable que en estos planteamientos se empleasen recursos públicos, tanto humanos como económicos”, lo que abunda para las acusaciones de malversación de caudales públicos por los que Molons y otros altos cargos del Govern de Puigdemont están imputados.