“Cada mes” hasta que el Gobierno acepte negociar.
Según ha anunciado el equipo de abogados que representa a Carles Puigdemont, se presentarán “cada mes” demandas ante distintos organismos internacionales hasta que el Gobierno español inicie negociaciones para hallar una solución a la crisis catalana, previa excarcelación de Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Ben Emmerson, abogado británico representante del ex president en la denuncia presentada el jueves pasado ante Naciones Unidas, ha afirmado que “seguiremos presentando demandas con argumentos sólidos reales a la comunidad internacional y a sus mecanismos legales cada mes, hasta que el Gobierno de Madrid se ha persuadido finalmente para entrar en negociaciones reales con los líderes del movimiento independentista catalán”.
La demanda presentada ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas es por violación de la Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El abogado ha destacado que esta demanda y otra por el encarcelamiento de los cuatro secesionistas presos son “sólo el principio” y ha anunciado que habrá durante este mes un “tercer paso importante”. “Al final, Madrid tendrá que abandonar la arrogancia del autoritarismo y sentarse en una mesa de negociación y encontrar una solución pacífica a la crisis catalana”.
Requisitos previos a la “campaña internacional”
Según ha manifestado Emmerson, hay dos condiciones previas que deben cumplirse: la excarcelación inmediata de Junqueras, Forn y los Jordis y que el diálogo sea “real e inclusivo”. Sin embargo, ha reconocido que el proceso puede alargarse hasta dos años, aunque el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas deberá decidir en un mes si la admite a trámite. El abogado ha explicado que el organismo internacional emitirá un dictamen “vinculante” para el Estado español, dirimiendo si España ha vulnerado derechos fundamentales de Puigdemont.
El equipo de abogados del ex president acusa a España de haber violado el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al negar a su cliente el derecho a participar directamente en asuntos públicos, como el derecho a presentarse a elecciones. Además se vulnera, según Emmerson, el artículo 21 del Pacto, por el que se garantiza la libertad de asociación política, el derecho a protestar y a reunirse pacíficamente: “España está obligada legalmente a no hacer uso de la fuerza para reprimir protestas pacíficas en apoyo de esta causa independentista”. Finalmente, la defensa de Puigdemont acusa al Estado español de violar el artículo 19, que garantiza el derecho a expresar e impartir ideas e información “impopulares con el Gobierno”. “Nunca puede ser un crimen argumentar un cambio en el orden constitucional o abogar por la secesión”. Así, el abogado, que también representa a Junqueras, Sànchez y Cuixart, dice que España tendrá que demostrar que la respuesta ante el desafío independentista está “prevista en la legislación doméstica”, así como que las medidas implantadas fueron “proporcionadas”, buscando conseguir un objetivo “legítimo” y eran “realmente necesarias en una sociedad democrática”.