Este lunes, el PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados la proposición de ley de amnistía que anula las responsabilidades en varios ámbitos de las personas vinculadas al procès. Puede consultarla y descargarla aquí.
Y lo ha hecho en solitario, es decir, sin la firma de sus socios de investidura: Sumar, Junts, ERC, Bildu, PNV y BNG.
Por tanto, se iniciará el trámite de una norma que deja sin efectos la “responsabilidad penal, administrativa y contable” de los implicados en el proceso soberanista catalán.
Además, la ley de amnistía abarca desde el 1 de enero de 2012 al 13 de noviembre de 2023.
Aunque los socialistas han registrado la proposición en solitario, la trasladaron a los partidos interesados para su análisis.
Antes, Francina Armengol, presidenta de la Cámara Baja, anunció la convocatoria del Pleno para el debate de investidura. Será los días 15 y 16 de noviembre.
Volviendo a la propuesta parlamentaria, se pide expresamente la tramitación de urgencia de la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
Se hace “al amparo del artículo 93 del vigente Reglamento” del Congreso.
Ley de amnistía para todos los vinculados con el proceso soberanista
De este modo, la nueva norma se aplicará a Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, pero también a los principales dirigentes independentistas del procès.
Es decir, consellers, diputados, directores de colegios, alcaldes, manifestantes y agentes policiales que actuaron durante el 1 de octubre de 2017.
Además, se refiere expresamente a que “quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión” contra Puigdemont.
También, las “órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención” contra otros tres dirigentes: Antoni Comín, Lluís Puig y Marta Rovira.
Por otro lado, la proposición de ley se justifica en que “la aplicación de la legalidad es necesaria”. Sin embargo, “en ocasiones, no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo”.
En consecuencia, “esta amnistía constituye una decisión política adoptada bajo el principio de justicia en el entendimiento de que los instrumentos con los que cuenta un Estado de derecho no son, ni deben ser, inamovibles”.
De hecho, sostiene el texto, “es el Derecho el que está al servicio de la sociedad y no al contrario”. “Por tanto, este debe tener la capacidad de actualizarse adaptándose al contexto de cada momento”, reza la exposición de motivos.
Dicho eso, la proposición excluye del perdón a aquellos que cometieron delitos de terrorismo y exista una condena firme.
Asimismo, que dichos delitos consistieran en alguna de las conductas previstas en la directiva europea de 15 de marzo de 2017.
Así las cosas, quedan en el aire dos causas abiertas contra el independentismo por terrorismo. Se trata de las protestas de Tsunami Democràtic y la causa de los CDR por planificar sabotajes tras la sentencia del procès.
Precisamente, la Audiencia Nacional investiga en ese sentido a Puigdemont y a Rovira, al considerar que conocían de las acciones de estos grupos.
No se menciona el ‘lawfare’
Por otro lado, la proposición de ley de amnistía no alude al ‘lawfare’, la supuesta persecución política desde los tribunales.
Tampoco, las comisiones de investigación en el Parlamento acerca de sentencias judiciales. En cambio, sí se incluía en el acuerdo que PSOE y Junts suscribieron la semana pasada.
Sin embargo, contempla reformar el Código Penal para incluir la amnistía como causa expresa de extinción de la responsabilidad penal, junto al indulto.
“La disposición adicional primera tiene por objeto modificar el artículo 130 del Código Penal para incluir expresamente la amnistía como un supuesto de extinción de responsabilidad criminal, en línea con las previsiones que ya contiene la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, reza el texto.
A su vez, señala que con este perdón las Cortes “no solo no invaden otros espacios, sino que, muy al contrario y en uso de sus competencias, asumen la mejor vía de las posibles para abordar, desde la política, un conflicto político”.
Además, la ley de amnistía deja sin efectos la “responsabilidad contable” de más de treinta exdirigentes independentistas. Entre ellos, no sólo Junqueras y Puigdemont, sino Artur Mas y exaltos cargos de la Generalitat por, supuestamente, desviar fondos para el 1-O.