La conocida como ley antifraude es el nuevo motivo de discrepancias entre el PSOE y Podemos, que no garantiza su apoyo a las enmiendas socialistas. Para empezar, la formación morada no quiso firmar junto al PSOE las propuestas para enmendar la ley.
Fuentes de Unidas Podemos afirman a Europa Press que los socialistas se niegan a considerar las propuestas del grupo confederal. Por eso, no garantizan su respaldo en el Congreso a las enmiendas del PSOE a esta ley impulsada por el Ministerio de Hacienda.
Así las cosas, los dos socios del Gobierno de coalición vuelven a divergir en un asunto económico. Aparte de la ley antifraude, socialistas y morados registraron enmiendas por separado a la reforma de la Ley de Sociedades de Capital.
Esta iniciativa de la vicepresidencia de Asuntos Económicos que lidera Nadia Calviño trata de fomentar la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas.
Entonces, ambas formaciones presentaron sus propias enmiendas. Sin embargo, ahora el partido de Pablo Iglesias descarta registrar propuestas propias. Y la analizando las socialistas con el fin de decidir las que apoya y las que no.
Los grupos parlamentarios del Congreso han registrado 250 enmiendas a este proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. En unos casos, para modificar los mecanismos de control tributario, pero en otros proponiendo cambios puntuales en impuestos.
Hay varias discrepancias que separan a PSOE y Podemos. Una de ellas es la creación de un cuerpo superior de técnicos de Hacienda. Gestha, el Sindicato de Técnicos de Hacienda, promovió esta iniciativa. Varios grupos en la Cámara la trasladaron durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021.
Con ese cuerpo se incrementaría la responsabilidad en materia de prevención y lucha contra el fraude de los técnicos de Hacienda. Actualmente, sólo pueden investigar a particulares, autónomos y a pequeñas empresas en la mitad inferior del tramo.
PSOE y Podemos coinciden, en cambio, en la voluntad de salvaguardar las inspecciones por sorpresa que lleva a cabo la Agencia Tributaria. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha cuestionado recientemente, en una sentencia, estas inspecciones, anulando por defectos de motivación la autorización judicial para entrar en el domicilio de una empresa.
La intención de la formación morada era que quedara claro en la ley que no fuera necesario notificar una inspección al contribuyente. Los socialistas buscan lo mismo.