Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del PP en el Congreso, tendrá que enfrentarse a la demanda que Francisco Javier Iglesias Peláez, padre de Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, ha interpuesto contra ella.
La demanda contra la portavoz popular se debe a que afirmó en medios de comunicación, en una rueda de prensa y en sede parlamentaria que el también líder de Podemos es “hijo de un terrorista”. Aquellas afirmaciones ni siquiera fueron bien vistas por algún barón del Partido Popular, como Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia.
Iglesias Peláez presentó la demanda en el juzgado de primera instancia de Zamora. En ella,manifiesta que entiende que su derecho al honor ha sido vulnerado y reclama a Álvarez de Toledo una indemnización de 18.000 euros por daños morales.
Según la demanda, las intervenciones de la dirigente popular tienen “enorme repercusión” mediática por el cargo que ocupa. Además, repitió las declaraciones, no sólo en el Congreso, sino en “distintos medios y foros”.
Incluso, en una rueda de prensa “fuera del ejercicio de su cargo”, reafirmándose en sus palabras. Le atribuyó “hechos e intenciones que abundan en esa supuesta actividad” terrorista del demandante.
En esos aspectos, las manifestaciones vertidas por la portavoz del PP, es en los que se centra la demanda, que consta de 35 páginas. En concreto, hace mención a una entrevista en el diario ABC tras su intervención en la Cámara Baja. Considera que son declaraciones “totalmente ajenas a” a sus funciones como diputada.
El vicepresidente segundo había admitido en 2013, en un artículo, que su padre había militado en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). Este grupo operó en los últimos años del franquismo y de la Transición, disolviéndose en 1978.
Álvarez de Toledo conocía el papel que jugó el padre de Iglesias
Es en este artículo en el que Álvarez de Toledo se basó para calificar al padre de Pablo Iglesias como “terrorista”.
Iglesias Peláez, “ya había aclarado su concreto papel en el FRAP”, reza la demanda, durante el juicio, en 2019, celebrado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Zamora.
Entonces, Hermann Tertsch, eurodiputado de Vox, fue condenado por manifestaciones parecidas. Según la denuncia, Álvarez de Toledo ya conocía la sentencia cuando concedió la entrevista.
Así, la demanda remarca que las declaraciones de la demandada “son del todo inaceptables”. “No sólo son injuriosas, sino que se hacen con pleno conocimiento de su falta de veracidad, pues la propia demandada reconoce que no sabe a qué se dedicaba mi representado dentro de la organización, pero sin embargo le acusa de ‘intentar cargarse el orden democrático’, de utilizar la violencia e, incluso, de una manera sibilina y torticera, pero totalmente explícita, llega a vincularle con el asesinato de personas para calificarle de antidemócrata”, destaca el texto.
Admite saber que el Tribunal Constitucional resolvió que los diputados y los senadores “gozan de absoluta libertad en sus intervenciones parlamentarias”. Por ello, el demandante deja claro que la demanda va contra las declaraciones de la dirigente popular hechas posteriormente a su intervención en el Congreso. Las realizó “en el ámbito extraparlamentario y son totalmente ajenas a las funciones como diputada”.
La libertad de expresión no protege esas manifestaciones
En opinión de Iglesias Peláez esas declaraciones y manifestaciones no quedan protegidas por la libertad de expresión o de información. Más allá, “afectan gravemente a la reputación” del padre del vicepresidente segundo “y son objetivamente injuriosas”.
“Él mismo había aclarado con anterioridad que su participación en la organización se ciñó a ser miembro de la Federación Universitaria Demócrata Española (FUDE)”, sostiene la demanda. Este grupo “formaba parte de una de las comisiones Pro-FRAP que trabajaron para su creación”.
Sus acciones se limitaron, recuerda el texto, “a repartir propaganda”. “Abandonó el FRAP en enero de 1974, al poco tiempo de ser fundado y mucho antes de que el mismo diera el paso hacia la lucha armada”, hace hincapié.
Le sale barato desprestigiar al vicepresidente a través de su padre, es lo que va intentando y aunque mienten no por ello deja de plantearlo, lo demandado por el exabrupto dedicado al vicepresidente es muy económico ante la resonancia mediática del desprestigio dirigido. La opinión pública se queda con lo planteado y sin esperar a la resolución de los tribunales.