Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, se sentará en la mesa de negociación sobre el conflicto en Cataluña como parte de la delegación del Ejecutivo. Esta será encabezada por Pedro Sánchez y él dará a conocer el resto de los componentes que lo acompañarán.
Así lo ha afirmado en una entrevista en laSexta, en la que ha asegurado que en la mesa no habrá ningún mediador. “No está encima de la mesa ninguna figura de ese tipo. Es una mesa acordada entre los dos gobiernos. Las reglas están acordadas. Ahora toca hacerlo bien”, señaló.
Pablo Iglesias anticipó que cualquier tema podrá estar incluido en la mesa: “No puede haber ningún tema excluido”, subrayó. “En una mesa de diálogo, cualquier tema es legítimo y se tienen que poner sobre la mesa. A partir de ahí, los acuerdos a los que podamos llegar, es fundamental que no tratemos de condicionarlos desde los medios de comunicación”, remarcó.
Además, apuntó que el Gobierno es consciente de que “la judicialización del conflicto catalán no lleva a ninguna parte”. En ese sentido, añadió, “tendrá que ser con política y con protagonismos de los representantes políticos como se afronte la resolución democrática de este conflicto”.
Pablo Iglesias defiende una justicia más independiente
Al respecto de una posible reforma del sistema judicial, Pablo Iglesias admitió que “hay tareas pendientes”. Entre ellas, “tener una justicia más independiente y más eficaz, donde esté garantizada que no hay interferencias políticas en la acción de la justicia”.
Al hilo de ello, habló de la reforma del delito de sedición en el Código Penal. Así, sostuvo que es necesario adaptar la norma a los estándares europeos, aunque no detalló. “Ningún demócrata puede estar en contra de un Código Penal más democrático y más europeísta”, aseguró.
Al ser preguntado si esa reforma sería para rebajar las penas a los líderes independentistas encarcelados, respondió que “el legislador no tiene que tener en cuenta los efectos penitenciarios de la legislación penal”.
En ese sentido, puntualizó diciendo que “la legislación penal la decide el legislador, y después la aplicación le corresponde a un poder separado del poder legislativo, que es el poder judicial. No hay nada que valorar a ese respecto”, concluyó.